Según una enmienda transaccional a
Atendiendo a estas enmiendas
Noventa y dos bis (nuevo). Se modifica el apartado 2 del
artículo 543 (de
«2. Dentro de las limitaciones que las leyes dispongan, los
procuradores podrán realizar los actos de comunicación a las partes del
proceso, así como los actos de cooperación, auxilio y colaboración con
Por delegación del juez, jueza o tribunal, podrán también realizar las actuaciones materiales propias del proceso de ejecución en los términos establecidos legalmente que, en todo caso, excluirán las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual, así como las derivadas de procesos en materia de familia, las de desahucio por impago de rentas o cantidades debidas en viviendas habituales y los lanzamientos de ocupantes de finca con posterioridad a la subasta de la misma si esta es vivienda habitual.»
Para CCOO, la aprobación de esta enmienda supondría una nueva “vuelta de tuerca” en dirección a la privatización de servicios públicos a favor de un colectivo, deteriorando el servicio público y poniendo en peligro centenares de puestos de trabajo que actualmente tramitan las ejecuciones.
CCOO nos oponemos, contundentemente, a esta privatización encubierta que se pretende por algunos colectivos
apoyados en Grupos Parlamentarios y reclamamos la creación de unidades
especializadas de subastas en todos los territorios, o localidades, donde no
los haya, con dotación de personal funcionario de la administración de Justicia
y evitando al oscurantismo, la falta de transparencia, el incremento de costes
y una indeseada vuelta al antiguo sistema de subastas sin garantías y
controladas, en su propio beneficio, por personas ajenas al interés público.
