Nos ha hecho falta mucha
insistencia, desde el pasado viernes, para conseguir hacer entrar en razón a la Dirección General de Justicia y que, ayer, decidiera corregir un nuevo error en este aciago acoplamiento que estamos sufriendo en Valencia, en la III Fase.
Saltándose la fase voluntaria de las reordenaciones y aplicando un criterio
incorrecto sobre el cómputo de la antigüedad en el centro de destino de origen,
se estaba moviendo, a través de una reasignación forzosa, a un grupo de gente a
los que no se les había llegado a ofrecer, como obliga nuestra normativa sobre
reordenaciones y reasignaciones, la posibilidad de optar a todas esas plazas
que la DGJ quiere cubrir pero que en las que no ha tenido personal para
confirmar.
Para explicarlo más sencillo: cuando
lo lógico es mover plazas que estén vacantes a esos destinos donde quedan sitios
por cubrir, lo que se había hecho es mover a personal titular a estos destinos
no deseados y todo ello incumpliendo nuestra regulación sobre el tema.
Además, a la hora de ver a quién
se movía, para lo que se tiene en cuenta la antigüedad en el puesto, se estaba teniendo
en cuenta la fecha de toma de posesión, lo que penaliza a quien ha tenido un
plazo posesorio mayor, por tener que desplazarse desde otro localidad y otro
territorio, así como a quien no ha podido tomar posesión en el plazo por
encontrarse, por ejemplo, de baja.
Ahora se cambia este criterio y,
como el Ministerio y resto de territorios han hecho, será la fecha de la
resolución del concurso, u oposición, por el que se llegó a ese destino y en
caso de empate, la antigüedad en el cuerpo, osea el escalafón y, con ese
criterio se realizará una fase voluntaria de reordenación, en la que se
ofrecerá, al personal afectado, las vacantes existentes en la localidad antes
pasar, en caso de ser necesario, a una reasignación forzosa, en la que se
podrían mover las vacantes que queden, sin que afecte a plazas que tienen
titular.
Nos parece esencial conseguir que
todo este proceso se ajuste, de una forma escrupulosa, a nuestra normativa
legal y, aún dentro de una organización que consideramos nefasta, esta modificación
garantiza, al menos, que se corrija una de las irregularidades que estábamos
sufriendo.
Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia:Gestión Procesal y Administrativa, acceso libre, Orden PJC/64/2024, de 25 de enero (BOE de 1 de febrero) 
