Es penoso
que, por mucho que desde CCOO hayamos denunciado las irregularidades de todo el
proceso de acoplamiento, la Dirección General de Justicia siga empeñada en
llevarlo a cabo exactamente igual que ya tenía decidido desde el principio.
Es penoso
que, como tantas otras veces, tenga que ser la vía judicial la que acabe
diciéndole a la Administración que no lo ha hecho bien.
Y es penoso
seguir escuchando a los sindicatos firmantes del acuerdo repetir la cantinela
de que “no había nada que negociar”, como si a fuerza de repetir una mentira
esta pudiera convertirse en verdad.
Porque sí
había cosas que negociar. Y porque las delegadas y
delegados de CCOO también somos personal de justicia, conocemos
los juzgados, los servicios, las cargas de trabajo y las consecuencias reales
de cada decisión que se toma en un despacho. Por eso era
imprescindible que estuviéramos en esa negociación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo del nuevo modelo organizativo que suponen los
Tribunales de Instancia. Y también lo habría sido que estuviera presente el
conjunto de la representación sindical, porque con más fuerza colectiva los
avances podrían haber sido mayores.
A pesar de todo, y
aunque a algunas organizaciones les incomode reconocerlo, a
lo largo de la negociación de las tres fases se han conseguido mejoras,
fruto de la presión y del trabajo de CCOO. Entre ellas:
·
La
creación de Servicios Comunes Generales en todos los partidos
judiciales con tres o más juzgados.
· Servicios Comunes
de Ejecución en los partidos judiciales de la segunda fase.
· El
mantenimiento
íntegro de las plantillas de violencia, menores e instrucción
en los Servicios Comunes de Tramitación.
·
El
incremento
de las retribuciones de las jefaturas.
· El
mantenimiento de sustituciones y comisiones de servicio,
a pesar del acoplamiento.
· La
posibilidad de disfrutar permisos y vacaciones en Navidad,
algo que en otros territorios fue directamente prohibido, suspendiendo además
sustituciones y comisiones.
·
La
ampliación
del plazo para disfrutar las vacaciones hasta el 31 de marzo.
· La
identificación de los refuerzos de violencia,
para evitar que se destinen a otros servicios.
·
El
mantenimiento de las 20 plazas de refuerzo de ejecución
de violencia, que pasarán a reforzar el Servicio Común de
Tramitación de València.
·
Y
el compromiso de la creación de más de 100 plazas
estructurales, cifra que en la reunión se ha elevado a 200…
aunque, como bien sabemos, esto es todavía un “verlo para creerlo”.
Pero incluso
reconociendo estos avances, el balance final de la reunión es
profundamente decepcionante. Porque no hay garantías
reales de que se corrijan los errores detectados, no
hay seguridad de que la creación de plantilla se haga efectiva,
y no
hay ni un solo céntimo de subida ni del PAC ni del Complemento Específico.
Es especialmente
grave que la Consellera incumpla sin rubor el Acuerdo de
Legislatura, dejando claro que en 2026 no habrá incremento del
PAC ni del Complemento Específico. Desde CCOO se lo hemos
reprochado y se lo hemos exigido, porque no vamos a normalizar
que se cargue el peso de las reformas sobre las espaldas de las trabajadoras y
trabajadores de la justicia.
Y mientras tanto,
siguen acumulándose situaciones absolutamente inaceptables:
· Nuevos
juzgados de violencia, ahora plazas, sin dotación de una plantilla normal,
y además sin
cubrirse esas plazas meses después.
·
Jefaturas
de área con guardias que se aseguró que las tendrían… y que finalmente no
las tienen, demostrando que se faltó a la verdad.
·
El
cese
de más de 100 personas, entre personal interino y titular en
sustitución o comisión, sin previo aviso y en plenas
vacaciones de Navidad.
· El
incumplimiento
de la normativa legal en materia de amortizaciones,
acoplamientos y reordenaciones.
· Y,
cómo no, edificios judiciales en condiciones indignas, con pleno invierno y temperaturas
de 12 y 13 grados, como ocurre en parte del edificio de
Requena.
Hay muchas
cuestiones penosas. Demasiadas. Y ninguna
para celebrar.
Desde CCOO lo hemos dejado claro en la reunión y lo seguiremos dejando claro
donde haga falta: no vamos a ser cómplices de un modelo que se construye
sin recursos, sin garantías y a costa del personal de justicia y llevaremos ante los tribunales todo lo que se haga sin observar,
escrupulosamente, nuestra normativa legal. Mientras, seguiremos
peleando, porque es nuestro trabajo como delegadas y delegados sindicales, pero
también porque es nuestra realidad como trabajadoras y trabajadores de la
Administración de Justicia.
