D. Rafael Lara
Hernández, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, con sede en VALENCIA,
C E R T I F I C O:
Que en el “Libro de Actas de las sesiones de la Sala de Gobierno” de este
Tribunal Superior de Justicia, que se halla a mi cargo, en la correspondiente a
la celebrada el día de la fecha 1 de octubre de 2026 con carácter de urgencia,
figura el siguiente “ACUERDO”, que copiado literalmente es como sigue:
Visto que, como
consecuencia de la alerta roja por lluvias declarada por AEMET, el envío del
Es-Alert y las comunicaciones de la DGJV referentes a la situación de alerta en
la que se adoptan medidas preventivas para el personal, y que afecta a
distintos municipios y zonas de la provincia de Valencia y Castellón, se ha
procedido por las autoridades competentes a activar los correspondientes planes
de emergencia y las medidas de protección civil, con afección significativa a
la movilidad de personas y vehículos en diversas zonas del territorio.
Visto, igualmente,
que la evolución de la situación en las próximas horas a partir de las 18:00h
del día de hoy, las restricciones de circulación establecidas pueden dificultar
o incluso impedir el normal desplazamiento tanto de las personas como de
aquellos ciudadanos, profesionales y empleados públicos que deban residir o
transitar por las zonas afectadas o tengan en ellas su origen, destino o lugar
de residencia para acudir durante la jornada del día de hoy y mañana a las
distintas sedes judiciales.
Considerando las
recomendaciones emitidas por los servicios de emergencia y protección civil,
así como la necesidad de preservar la seguridad de las personas sin menoscabo
de la adecuada prestación del servicio público de Justicia, y en aplicación del
Protocolo de Gestión de Situaciones de Crisis que afecten al ámbito judicial de
la Comunitat Valenciana, aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana, así como de los restantes protocolos y
planes de contingencia vigentes del CGPJ.
Considerando,
asimismo, que corresponde a esta Sala de Gobierno, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial, adoptar las
medidas organizativas necesarias para garantizar, simultáneamente, la
protección de las personas y la continuidad del servicio público de Justicia.
La Sala de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Esta Sala de
Gobierno considera que, ante el riesgo evidente para las personas derivado de
la situación descrita, y durante la vigencia de la situación de emergencia, prevista
a partir de las 18h del día de hoy, y mientras permanezca la alera roja
declarada, no existe obligación alguna de desplazarse cuando concurran las
dificultades mencionadas, constituyendo, por sí misma, una justificación
suficiente para presumir la imposibilidad material de acudir a las actuaciones
jurisdiccionales o procesales que deban celebrarse en las zonas afectadas, o
cuando sea necesario transitar por ellas.
En consecuencia,
la innecesaridad o dispensa de desplazarse a las sedes judiciales se extiende a
todas las personas que deban intervenir en una actuación jurisdiccional o
procesal, ya se trate de personal judicial, del Ministerio Fiscal, de Letrados
de la Administración de Justicia, de otro personal al servicio de la
Administración de Justicia siempre conforme a las decisiones de sus superiores
jerárquicos, y, especialmente, de cualquier profesional o ciudadano siempre que
exista cualquier tipo de dificultad o riesgo al desplazarse por zonas
afectadas.
En tales
supuestos, bastará a ciudadanos y profesionales, a estos efectos, una simple
comunicación al órgano jurisdiccional manifestando la imposibilidad o
dificultad de desplazamiento para justificar la suspensión de la actuación; e
incluso, cuando ni siquiera ello resulte posible, la mera incomparecencia
deberá entenderse causa suficiente para acordar dicha suspensión.
En este sentido se
comunica así a todos los órganos judiciales y servicios a los efectos
procedentes.
Todo ello, sin
perjuicio de que no se declara una suspensión generalizada de la actividad
judicial, a fin de salvaguardar también los derechos de aquellos justiciables y
profesionales que puedan comparecer sin dificultad y evitar así perjuicios
derivados de demoras innecesarias, en particular en procedimientos pendientes
desde hace tiempo. De este modo, se pretende conciliar los derechos de quienes
no pueden desplazarse con los de quienes sí pueden y desean hacerlo,
garantizando en ambos casos la tutela judicial efectiva, afectándose así
únicamente aquellas actuaciones imposibilitadas por las circunstancias
meteorológicas.
2.- Los
Presidentes de la AP y los TI comunicarán de considerarlo necesario a la Sala
de Gobierno la necesidad de suspender la actividad judicial ordinaria y/o la
suspensión de vistas y plazos procesales. La Sala de Gobierno lo propondrá al
CGPJ para su aprobación, salvo que, por urgencia, la Sala lo acuerde provisionalmente
la suspensión con posterior ratificación.
3.-Se garantizará
la prestación del servicio de guardia. A tal efecto podrá acordarse la
prestación del servicio de guardia en otro partido judicial previa autorización
del CGPJ o ratificando los acuerdos adoptados, en caso de urgencia, por los
Presidentes de los Tribunales de Instancia afectados. La disponibilidad de
funcionarios se coordinará entre el Presidente del TI y el Director del SCT.
4.- La Sala de
Gobierno del TSJCV: de acuerdo con el Protocolo de Actuación Judicial en
supuestos de grandes catástrofes (CGPJ), adoptará o ratificará las medidas
necesarias en atención a la situación de crisis, proponiendo al CGPJ, en caso
de considerarlo necesario la suspensión de plazos procesales o la modificación
de normas de funcionamiento. En casos de urgencia, podrá acordar medidas
provisionales, remitiéndolas de inmediato al CGPJ para su ratificación.
Póngase en
conocimiento el presente acuerdo del CGPJ, los Colegios Profesionales de la
Comunitat Valenciana y la Conselleria de Justicia para su conocimiento y
efectos.
El Gabinete de
Comunicación del TSJCV coordinará la difusión pública de acuerdos y medidas
adoptadas.
El precedente
Acuerdo se adoptan por unanimidad de los miembros de la Comisión de la Sala de
Gobierno asistentes. Líbrense los despachos correspondientes.
Y para constancia
expido el presente en Valencia a 1 de octubre de 2026
