La LOPJ en su art. 531. 2 obliga a establecer “un sistema que garantice de manera permanente la inmediatez y agilidad en la provisión de las vacantes, así como un calendario para la convocatoria y resolución de los concursos de traslados” y el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de
Con el sólo hecho de leer la normativa ya se comprueba que el concurso debe convocarse, obligatoriamente, dentro del primer trimestre del año y resolverse en un plazo máximo de 6 meses, con lo que, a más tardar, las tomas de posesión deberían realizarse sobre el mes de septiembre.
Pues a pesar de que algo establecido por ley, fácil de entender y de cumplimiento sencillo, el Ministerio lleva muchos años, demasiados, incumpliendo la normativa sin ningún motivo justificado.
Concretamente en el actual concurso de traslados genérico de cuerpos generales del año 2023, se publicó su convocatoria en el BOE del día 9-10-2023 y, hasta la fecha no existe resolución provisional de dicha convocatoria, convocatoria que debió efectuarse dentro del primer trimestre del año 2023.
Por lo tanto si no se resuelve de manera inminente la resolución provisionalmente del concurso del año 2023 y tras las alegaciones oportunas, no se resuelva con agilidad la resolución definitiva y tomas de posesión, el Ministerio de Justicia volverá nuevamente y de manera reiterada a incumplir la convocatoria en plazo del concurso de traslados del año 2024 por ser imposible convocarlo dentro del primer trimestre del año en curso.
Este retraso en la convocatoria del concurso de cuerpos generales se viene produciendo con asiduidad desde hace años, así, el de 2022 se publicó en el BOE del 3 de septiembre, el de 2021 en BOE del 13 de octubre, el de 2020 en el BOE del 1 de septiembre, el de 2019 en el BOE del 18 de julio, el de 2018 en el BOE del 23 de julio, el de 2017 en el BOE del 7 de julio, etc., etc.
Por este motivo, desde CCOO, hemos
solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, presentando una queja, a
fin de que inste al Ministerio de Justicia a rectificar este reiterado
incumplimiento de la normativa vigente y le requiera para que cumpla los plazos
establecidos en las próximas convocatorias.