ILEGALIDAD, porque se ha incumplido la obligación normativa de
convocar el concurso en los tres
primeros meses de cada año natural y se ha hecho con casi un año de
retraso.
ARBITRARIEDAD, porque se
han excluido caprichosamente centenares (o miles) de plazas vacantes de
315 partidos judiciales impidiendo a gran cantidad de personas solicitar
destino para poder vivir en sus domicilios y con su familia.
IRRESPONSABILIDAD, porque los altos cargos del Ministerio de Justicia,
por acción u omisión, han provocado o permitido esta aberrante situación sin
precedentes y no se ha tomado contra
ellos o ellas ninguna medida de expediente disciplinario o cese fulminante.
FALTA DE INFORMACIÓN, porque es la primera vez que el Ministerio de
Justicia (ni algunas comunidades autónomas) no nos ha anticipado ni la orden de convocatoria ni las plazas
que se convocan.
TOTAL DESPRECIO AL
PERSONAL DE JUSTICIA, porque
arbitrariamente se restringe el derecho a la movilidad, excluyendo plazas que están vacantes, además de las de los 315
partidos judiciales excluidos; porque no
se ha tomado ninguna medida para paliar el perjuicio que supone la aplicación,
sin más, de la obligación impuesta en sentencia del Tribunal Supremo de valorar por igual la antigüedad como titular
y como personal interino; porque se
ha acortado el plazo de solicitudes de 10 a 7 días hábiles respecto a anteriores
convocatorias; porque se ha suprimido
el trámite de resolución provisional impidiendo la corrección de
errores materiales y porque se ha modificado también la posibilidad de renuncia, pasando a solo poder realizarse durante los 10
días hábiles siguientes a la terminación del plazo, a pesar de que el
ministerio se comprometió en la mesa de negociación a admitirlas sin cambios y
sin necesidad de justificar la causa.
Por
todo ello, CCOO hemos formulado una nueva queja al defensor del pueblo, que
se
suma a las que presentamos en anteriores convocatorias por el retraso.
A la que presentamos por
el retraso del concurso de 2023, el
defensor del pueblo contestó que el Ministerio debía corregir todas las situaciones
que alegaba como motivo del retraso y convocando en el primer trimestre de cada
año y cumpliendo, así, sus obligaciones jurídicas. Como hemos podido comprobar, el Ministerio ha hecho oídos sordos…
CCOO también hemos exigido
al Ministro de Justicia que tome medidas
drásticas contra los altos cargos y personal de libre designación del
Ministerio, que resulten responsables de esta inaceptable situación.
