De este anuncio y a falta de conocer el contenido exacto de la Ley, se desprende que cambia la denominación del anteproyecto pero mantiene la creación de un solo Tribunal de Instancia por cada partido Judicial en sustitución de los órganos unipersonales; la implementación de justicia en los municipios que sustituirían a los juzgados unipersonales y a los juzgados de paz
Mucho nos tememos que este nuevo anteproyecto de Ley (como con la antigua LOEO) presente unas reformas que van a ser un mero maquillaje de la Administración de Justicia porque no se aborden los problemas reales: faltan jueces y juezas, falta personal del resto del cuerpos, se mezclan las funciones que se tienen por ley con las que realmente se realizan, el personal de los cuerpos generales y especiales no tiene ningún reconocimiento retributivo ni profesional por su verdadero trabajo y productividad y tiene recortadas seriamente sus expectativas laborales, tanto en relación con la movilidad voluntaria, como en la promoción interna y carrera profesional.
Para CCOO, no basta con transformar juzgados en tribunales, y es un error y grave ataque a sus derechos, el agrupar al personal en macro-oficinas judiciales sin un destino y funciones y tareas concretas. La reforma de la Administración de Justicia pasa por la mejora de los recursos personales y materiales con los que cuenta en la actualidad, pero sobretodo pasa por un colectivo profesionalizado, formado, responsable de su trabajo, con retribuciones adecuadas y con garantías de posibilidad de elección de centro de destino, de promoción profesional y de carrera administrativa.
El Ministerio sabe perfectamente qué sucede en la Administración de Justicia, pero en vez de afrontar los problemas concretos y reales, busca perpetuar los privilegios de los de siempre a costa del trabajo del personal, manteniendo a nuestra Administración anclada en los mismos privilegios que había hace 150 años.
Ni CCOO, ni el personal de Justicia, daremos un paso atrás en la defensa de nuestros justos y legítimos derechos. Por eso exigimos al Ministerio que nos dé traslado del anteproyecto de ley aprobado y que también se inicie, de inmediato, su negociación.
Ni CCOO, ni el personal de Justicia, podemos consentir que esta nueva Ley de Eficiencia pretenda llevarse a cabo sin negociación colectiva con la representación de los trabajadores y las trabajadoras que, no solo verán afectadas en sus condiciones de trabajo por el nuevo modelo, sino que son y serán el colectivo sobre el que necesariamente tendrá que descansar el nuevo proyecto organizativo.
Seguiremos defendiendo el derecho a la movilidad funcional y geográfica voluntaria; la concreción y garantía de destino; la garantía de todas las retribuciones actuales; la redefinición de las funciones de cada cuerpo debidamente reconocidas y retribuidas y un incremento de las plantillas de todos los cuerpos funcionariales.
