La Unidad Sindical hemos elaborado y remitido a los medios la Nota de Prensa que os dejamos a continuación y un escrito dirigido a la Consellera de Justicia, del que os dejamos el enlace, y en el que reclamamos la intermediación de las Comunidades Autónomas y advertimos de las consecuencias de una imposición, sin negociación, de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
NOTA DE PRENSA
Los
sindicatos Csif, Staj, Intersindical, CCOO y Ugt -representativos en ámbito de la Administración de
Justicia, ante la negativa de la Ministra Pilar Llop de negociar los importantes
cambios en las condiciones de trabajo que supondrá la Ley Orgánica de
Eficiencia Organizativa, han decidido incrementar las movilizaciones en todos
los principales centros de trabajo de la Administración de
Justicia de toda España. Hoy, día 16 de
diciembre a las 10 horas, nuevamente hemos salido a las puertas de los centros
de trabajo, con la intención de incrementar las movilizaciones a lo largo de
las próximas semanas, no descartando la convocatoria de paros y huelgas en el
caso de ser necesario.
Los sindicatos convocantes exigimos la
negociación de la Ley
de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las
condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal
funcionario, cuestiones que, en la Comunidad Valenciana,
afectan a los más de 6.000 funcionarios y funcionarias que trabaja en los
distintos juzgados de nuestra Comunidad.
Denunciamos que el proyecto de Ley de
Eficiencia Organizativa no garantiza juestros actuales centros de destino ni
las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer una importante
reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de
Justicia. Se podrán imponer nuevas Relaciones de Puestos de trabajo sin
negociación y se permitirá la movilidad
funcional y geográfica del personal y la
asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos
de aquél en que se está destinado, lo que puede ser utilizada para el control
político de la
Administración de Justicia.
Por otra parte, exigimos el desarrollo y
retribución de la
Carrera Profesional, que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial desde 2019 pero que el Ministerio se niega a desarrollar. Exigimos la
mejora de la
Promoción Interna para la recuperación del 50% de las plazas
de las Ofertas de Empleo Público para este turno, que deberá de ser por
concurso de méritos y una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria
del turno libre de los procesos de estabilización, así como la convocatoria de
Concursos de Traslado con todas las plazas vacantes, denunciado que muchas de
ellas se ocultan al acceso del personal titular año tras año, sin justificación
alguna.
Respecto al Registro Civil, exigimos la la
negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro
Civil y denunciamos que el despliegue de los nuevos Registros Civiles se está
llevando a cabo de forma unilateral, sin negociación colectiva, que se están
asignando arbitrariamente nuevas funciones al personal, sin incremento de
plantillas y el nefasto funcionamiento del nuevo programa informático.
A estas reivindicaciones estatales se
unen, en nuestra Comunidad, la exigencia, a la Sra. Bravo, del
cumplimiento de los Acuerdos firmados en materia retributiva, con un incremento
del Complemento Específico que suponga llegar, al menos, a la media nacional y
de las cantidades correspondientes al Plan de Actuación de Carrera Profesional
que nos acerquen, tras 6 años de espera, a las cantidades cobradas como Carrera
Profesional por el personal del Consell
ENLACE AL ESCRITO PRESENTADO A LA CONSELLERIA DE JUSTICIA
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