El éxito de las movilizaciones obliga al Ministerio a proponernos mejoras en la Ley de Eficiencia Organizativa


20 dic 2022


Tras casi un mes de movilizaciones convocadas por CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG e INTERSINDICAL, con concentraciones ante el Ministerio de Justicia y en los centros de trabajo, el Ministerio nos envía una propuesta de acuerdo en la que, como punto fundamental, se recoge una ampliación sustancial de los plazos de despliegue y entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y las Unidades Procesales de Tramitación, estableciéndose igualmente la preceptiva y previa negociación de sus Relaciones de Puestos de Trabajo, sin cuyo requisito dicho despliegue no se producirá. 

La propuesta incluye la eliminación de la imposición automática de las Relaciones de Puestos de Trabajo que deberán ser negociadas con antelación a la puesta en marcha de los Tribunales de instancia y amplía los plazos de implantación que se fijan como objetivo para tener el nuevo modelo en marcha.   

Asimismo, la propuesta incluye cuatro garantías de no amortización de plazas, de no merma de retribuciones, de no movilidad forzosa, así como de diferenciación de puestos a efectos de concursos y otros sistemas de provisión de puestos de trabajo. 

Ante esta propuesta de acuerdo, los sindicatos hemos exigido la convocatoria inmediata de Mesa para iniciar las negociaciones y mejorar el contenido de esa propuesta de acuerdo, que todavía es insuficiente, con nuestras alegaciones. 

Además, la tramitación del Proyecto en el Congreso de los Diputados se ha pospuesto hasta después de las vacaciones navideñas, tras los escritos conjuntos presentados por los sindicatos a los distintos Grupos parlamentarios, interesándoles la suspensión ante la falta de negociación colectiva. 

Por ello, consideramos que sigue habiendo margen para la negociación, abriéndose una oportunidad en relación con la negociación de esta ley. El Ministerio de Justicia aún está a tiempo de recobrar el sentido común y de respetar el derecho fundamental a la negociación colectiva de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia a través de sus representantes sindicales.

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