Que las leyes de eficiencia representan una transformación del servicio público de justicia en el ámbito procesal, digital y organizativo y por tanto repercuten directamente en la forma en que el personal funcionario de la Administración de Justicia ejerce las funciones definidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esto requiere, necesariamente, una adaptación del desempeño de su trabajo para conseguir la plena implantación del nuevo modelo de servicio público de justicia.
Que el paso a un sistema digital requiere una capacitación en el uso de las nuevas aplicaciones informáticas que están siendo objeto de implantación paulatina, así como de las ya existentes. La generalización del uso del expediente judicial electrónico y su definitiva implantación requiere un esfuerzo por parte de todos los colectivos que trabajan en la Administración de Justicia.
Que el personal funcionario de la Administración de Justicia deberá hacer un esfuerzo por conocer y manejar las herramientas informáticas ya implantadas así como las innovaciones que se produzcan (Carpeta Justicia, Sede Judicial Electrónica, la atención a la ciudadanía y profesionales telemática, el sistema de gestión de citas para atención telemática, comparecencia en salas de vistas virtuales, punto común de actos de comunicación, sistema de comunicaciones electrónicas dentro de la Unión Europea, entre otros de los recogidos en el RDLey 6/2023).
Que la tramitación orientada al dato y la protección de datos de carácter personal también tiene una repercusión en el trabajo diario de las oficinas que forman parte de la Administración de Justicia.
Que la implantación generalizada de la oficina judicial y la modernización y evolución de los juzgados de paz requerirán de una implicación de todos los colectivos pero, especialmente, de aquellos que asumen un mayor protagonismo en la transformación de la justicia, como es el personal de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.
CCOO comparte esta línea argumental de reconocimiento del esfuerzo y la labor profesional que va a suponer para el personal de los cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia el nuevo modelo organizativo, procesal y tecnológico del servicio público de la justicia por lo que ahora toca, sin más dilación, que este reconocimiento sea también retributivo y profesional (como se hizo hace casi un año para el cuerpo de LAJ) así como un esfuerzo formativo por parte del Ministerio y las CCAA con competencias transferidas. ASÍ LO VOLVIMOS A EXIGIR EN LA REUNIÓN MANTENIDA AYER.
Pero en cualquier caso, en CCOO no podemos olvidar las razones que nos llevaron a la huelga de dos meses y medio en 2023 que, además del incremento retributivo de todos los cuerpos en todos los territorios, eran y siguen siendo
la negociación de la futura Ley de Eficiencia Organizativa antes de su remisión a las Cortes, especialmente en todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestras condiciones laborales (centros de destino, movilidad siempre voluntaria, oficinas de justicia del municipio, etc.)
el desarrollo de la carrera profesional,
la eliminación de las diferencias retributivas por grupos de población y
el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizamos y están legalmente asignadas al cuerpo de LAJ.
Y por lo tanto es imprescindible que dichas negociaciones se pongan en marcha desde ya, como proponemos desde CCOO, o bien en grupos de trabajo paralelos.
Asimismo, para CCOO, es urgente la negociación del Reglamento y de las RPTs de los Registros Civiles y otras condiciones de trabajo como la Promoción Interna, los Concursos de Traslado, la Provisión Temporal de Vacantes, las Ofertas de Empleo Público y los Procesos Selectivos, etc.
NOTA.- El próximo jueves, 18 de enero, continúa la reunión de este grupo de trabajo de nuevas funciones y el martes, 23 de enero, comenzará sus reuniones el grupo del teletrabajo.
