La iniciativa
impulsada por Comisiones Obreras pretende frenar la entrega del Registro Civil
por parte del Gobierno a los registradores mercantiles, una estrategia que
considera enmarcada en el desmantelamiento de la Administración de
Justicia como servicio público fundamental. El Registro Civil es un servicio público desde 1871,
su privatización pone en riesgo más de 5.100 empleos de la Administración de
Justicia para favorecer a los registradores, que no son funcionarios públicos,
tal y como establece la
Unión Europea mediante sentencia.
Los argumentos
desarrollados en el texto de la
ILP recogen la oposición a la privatización de las organizaciones sociales,
sindicales, de los partidos de la oposición, de decenas de ayuntamientos y
comunidades autónomas gobernados por el PP, así como de la Plataforma Justicia
para Todos, colectivos jurídicos, asociaciones profesionales de jueces y
secretarios judiciales, etc.
La privatización supondría pasar de las más de 8.120
oficinas actuales a poco más de 100 para toda España. Las repercusiones en el
ámbito autonómico afectarían a todas las localidades de la Comunidad Valenciana
que, a día de hoy, disponen de una red de oficinas donde se presta un servicio
público y gratuito, atendidas por personal funcionario de la Administración de
Justicia.
En la provincia
de Valencia existen actualmente tres registros civiles en la capital y otros 16
correspondientes a cada cabeza de partido judicial, así como una oficina en
cada Juzgado de Paz. Alicante cuenta con un Registro Civil exclusivo en la
capital, más 13 en cada cabeza de partido judicial y 142 en cada Juzgado de Paz.
En Castellón, al Registro Civil en la capital, se suman los 4 por cada cabeza
de partido judicial y 8 en cada Juzgado de Paz, así como los más de 120 de los
ayuntamientos.
Tras la
modificación, los usuarios se verán obligados a desplazarse a alguno de los
escasos registros mercantiles que se verán reducidos a uno en cada capital de
provincia. Este ataque del Gobierno a los servicios públicos no responde a la
calidad del trabajo, el Registro Civil es uno de los mejor valorados por la
ciudadanía. Solo se han presentado quejas en menos del 9% de los registros del
Estado, pese a la falta de medios y la
afectación de los recortes.
En Valencia
capital se realizan más de 26.000 inscripciones de nacimientos, matrimonios y
defunciones. En el de Alicante la suma supera las 16.000 y en Castellón las
8.000. A estas inscripciones principales hay que añadir las marginales, que en
Valencia pasan de 14.000 y los más de 2.000 expedientes de rectificación, error
o cambio de nombre.
Solo en el último
año el registro de Valencia capital ha gestionado 5.000 expedientes de
nacionalidad, el de Alicante 3.000 y el de Castellón 1.500. Respecto al número de certificaciones
expedidas supera los 157.000, entre las casi 100.000 de Valencia, las 37.000 de
Alicante y las más de 20.000 en Castellón, cifras a las que hay que añadir el
trabajo realizado en el resto de registros de fuera de las capitales.
Comisiones
Obreras insta a suscribir la ILP
para “detener un ataque a los derechos de la ciudadanía y a rentabilizar las
inversiones de dinero público” en referencia a los 130 millones que
costó la digitalización de 123.000 tomos o 80 millones de páginas de los 432 registros
civiles.
El sindicato
denuncia que el Gobierno favorezca “el enriquecimiento de un colectivo
minoritario y privilegiado como son los registradores, que, solo por los
150.000 expediente de nacionalidad y 105.000 de matrimonio anuales, con un
arancel de 100 €, se embolsarían 25 millones de euros al año.”
La amenaza que se
cierne sobre los más de 5.100 puestos de
trabajo de la
Administración de Justicia también es un riesgo para la
garantía de la confidencialidad de los datos privados a la que, sin embargo, sí
están obligados por la ley los funcionarios públicos.
El sindicato considera, además, que la
privatización del Registro Civil supone un acto de presunta corrupción del
mismo presidente del Gobierno, al participar en decisiones del Consejo de Ministros
que afectan directamente a sus intereses como registrador y a los de su
familia.
