Secretaria de Estado de Justicia
Ministerio de Justicia
c/ San Bernardo 45
28071 Madrid
Madrid a 21 de septiembre de 2016
En la reunión que mantuvimos con Vd. el pasado lunes, 19 de septiembre, entre los temas que le planteamos está nuestra apuesta contra cualquier medida que privatice la Administración de Justicia. Incidimos especialmente en nuestra defensa de un Registro Civil servido por personal de la Administración de Justicia, como hasta el momento lo ha sido y así ha permanecido durante decenas de años, y con los Letrados como encargados.
También aludimos en la reunión a otras privatizaciones, que ustedes entienden como libre elección de la ciudadanía entre lo público y lo privado.
Ayer, hemos conocido por la web del Ministerio de Justicia la firma de la subsecretaria de Justicia con el Consejo de Procuradores de un convenio para
"la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los ciudadanos que así lo decidan", medida a la que ya hicimos referencia en la reunión del lunes como ejemplo del recelo y la desconfianza que supone para nosotros sus palabras de apuesta por lo público mientras lo hechos muestran lo contrario.
Sería necesario que se nos expliquen desde el Ministerio de Justicia los motivos que existen por los que desde los Registros Civiles no es posible la presentación de forma electrónica y gratuita de las solicitudes de nacionalidad por residencia y sí se potencie desde el Ministerio de Justicia la privatización de estos servicios, porque como reconoce la misma nota del Ministerio de Justicia:
"el ciudadano puede optar entre la presentación en papel en los Registros Civiles y oficinas de la Administración General del Estado o la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, bien por el propio interesado o a través de un representante legal o voluntario."
Es decir, el Ministerio de Justicia apuesta por la opción de presentar solo en papel en los Registros Civiles al mismo tiempo que propicia la presentación telemática mediante pago a través de profesionales con ánimo de lucro.
¿Es esto lo que entiende el Ministerio de Justicia sobre que no se privatizan servicios públicos sino que solo se da opción al ciudadano a elegir entre lo privado -de pago- y lo público -sin coste adicional para el ciudadano-?
CCOO saca la misma conclusión que le trasladamos el lunes en la reunión: que el Ministerio de Justicia sigue desmantelando el servicio público, despojándolo de competencias y medios, mientras va dotando de más y más medios a las entidades privadas.
No podemos ocultarle que nos ha vuelto a crear más y más desconfianza en que su voluntad de no privatizar el Registro Civil sea sincera.
Salimos de la reunión con Vd. con la sensación de que había habido pocos avances, si bien algunos tímidos como la disposición de la Secretaría de Estado de Justicia a resolver los graves problemas de la Mutualidad General Judicial (concurso de traslado y subsidio de IT hasta el alta como en Seguridad Social y Muface) y la apuesta por una OEP sustancial en 2017, y volvemos a pensar que nuevamente el Ministerio de Justicia mantiene su apuesta por enterrar poco a poco el servicio público de la Administración de Justicia.
Entienda que, de esa forma, es difícil que podamos estar de acuerdo.
Un saludo
Luis Calero
Secretario General del Sector de Administración de Justicia de CCOO
PD: Hemos comprobado de nuevo las fechas en las que se convocaron algunas plazas sueltas de la MUGEJU en concursos de traslado.
No se convoca concurso general de las plazas vacantes en ese organismo, como le dijimos, desde los años 90. Es cierto que en alguna ocasión posterior se ha convocado alguna plaza de las delegaciones provinciales y alguna de los servicios centrales, pero no se han convocado desde esos años 90 el conjunto de las plazas vacantes de la MUGEJU
