El PP nos quiere colar junto con la derogación de la
privatización del Registro Civil una más que dudosa tramitación de las
nacionalidades por residencia y las inscripciones de nacimiento y defunciones
desde los hospitales
Después de conseguir paralizar la privatización de los Registros
Civiles, esperabamos que el Gobierno aprobase y publicase la derogación de la misma
junto con la ampliación de la “vacatio legis” de la Ley 20/2011 hasta julio de
2017 sin más, pero esto parece que no va a ser así ya que en el proyecto de Ley
“Cora”, que esperan aprobar esta semana, se van a incluir varios “añadidos” sin
ningún debate:
- Que las inscripciones de nacimiento y defunción se
puedan promover desde los hospitales, por personal sanitario o administrativo.
Nacimientos: en la práctica va a ser casi
imposible. Consultados con compañeros/as y Jueces nos comentan que sólo los
hijos de filiación matrimonial y algunos casos excepcionales de filiación no
matrimonial se podrán tramitar sin problemas desde los hospitales, dejando
fuera una gran mayoría de supuestos. Los datos se mandarán desde los hospitales
y los Registros Civiles tienen que comprobarlos y si están bien los usuarios
tienen que venir a recoger sus libros de familia, en caso que no lo estén se
tiene que incoar un expediente con el correspondiente retraso en el trámite. El
resto de supuestos que no se pueden tramitar desde los hospitales seguirá
haciéndose como hasta ahora, mediante comparecencia ante el Registro Civil. Actualmente
se pide cita o te presentas en un registro civil y con la documentación del
hospital tienes la inscripción en 15 minutos. ¿A quién beneficia esta medida? A
los usuarios no, los trabajadores de hospitales públicos no quieren hacerlo por
falta de garantías y no son sus funciones, sólo los hospitales privados pueden
beneficiarse al cobrar este servicio, a los propios usuarios o del erario
público.
Defunciones: nos encontramos con los mismos
problemas pero las funerarias se han opuesto frontalmente a tal medida ya que
perjudican los servicios que facturan a los usuarios, ya que son ellos los que
se ocupan de los trámites ante los Registros Civiles.
Todo esto puede pasar ya que el Gobierno en su prepotencia no ha
consultado con quienes llevamos años registrando nacimientos y defunciones.
- Adquisición de la nacionalidad española por residencia. La fase de instrucción
correspondería íntegramente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado, y los Registro Civiles sólo tienen competencias en la parte final
del expediente, para recibir el juramento y la práctica de la inscripción de
nacimiento y nacionalidad. Como es evidente que la Dirección General
de los Registros y del Notariado carece de los medios y personal necesario para
instruir los más de 100.000 expedientes anuales de adquisición de nacionalidad
por residencia, delegará su instrucción en otros "operadores", además
habrá que pagar 100 € por expediente, contradiciendo todo lo afirmado sobre la
gratuidad del Registro Civil.
Por tanto, esta es una maniobra para otorgar su parte del pastel
a los Registradores que ya han invertido mucho dinero en la plataforma
electrónica. Todos los trámites se harán on line, evitando así la atención al
ciudadano
No se puede utilizar la derogación de la privatización del
Registro Civil para colarnos medidas supuestamente modernizadoras pero que van
a causar más inconvenientes que ventajas, y además reformar por la puerta de
atrás los expedientes de nacionalidad atribuyendo la competencia para toda su
instrucción al órgano que ha mostrado sobradamente su incapacidad para tramitar
la pequeña parte que hoy le corresponde. Sería preferible derogar la Ley 19/2014 por Real Decreto
Ley, tal y como se aprobo, y permitir la tramitación adecuada, serena y sobre
todo profesional de todo lo relativo al Registro Civil que contiene la Ley Cora.
Publicada en el BOE de 25 de junio la Ley
25/2015, en materia de
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
Esta Ley consagra la privatización del expediente para acreditar
la condición de sefardí originario atribuyendo su instrucción a los Notarios,
cuando debería haber correspondido a los Consulados de España en el extranjero,
o en su defecto a los Registros Civiles principales. Nadie entiende ni nada
justifica que los Notarios realicen la tramitación de estos expedientes con el preceptivo
cobro de la tasa de 100 € por expediente.
Los perjudicados serán los sefardíes que quieran tener la
nacionalidad española, básicamente por motivos sentimentales y la posibilidad
de seguir abriendo el melón de las privatizaciones de trámites de los Registros
Civiles.
En definitiva, El Gobierno quiere
restar competencias públicas a los Registros Civiles para dejarlas en manos
privadas (notarios y registradores no son funcionarios públicos) para hacer
negocio a costa de la ciudadanía, todo ello sin que suponga ningún beneficio ya
que se van que hacer más trámites, en más lugares y en más tiempo.
CCOO va a seguir
luchando para que los Registros Civiles sigan siendo “totalmente” públicos,
gratuitos y servicios por funcionarios de la Administración de
Justicia.
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