CCOO exige la dimisión del Ministro de Justicia y su equipo por el fiasco en la implantación de las nuevas tecnologias en la Administración de Justicia


24 ene 2016



CCOO denuncia una cadena de irresponsabilidades y despropósitos en las administraciones competentes en materia de Administración de Justicia.

PARA CCOO EL CESE DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS NO ES SUFICIENTE Y EXIGIMOS TAMBIÉN  EL CESE INMEDIATO DEL MINISTRO CATALÁ Y DE TODO SU EQUIPO POR EL FIASCO EN LA GESTIÓN DE LA  IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

CCOO solicitará al Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios el reproche a Catalá y el aplazamiento de la entrada en vigor del “papel cero” previsto para el 7 de julio, porque CCOO sigue apostando por la modernización de la administración de justicia pero de manera coordinada en todos los ámbitos,  con la participación de las y los trabajadores de la Administración de Justicia,  y del  resto de operadores jurídicos que operan en la administración de justicia y con medios suficientes. 

Madrid, 24 de Enero de 2016

El pasado viernes, 22 de Enero, el Ministro de Justicia anunció el cese del Subdirector General de Nuevas Tecnologías “por el fiasco en la aplicación del papel cero” según informaron diversos medios de comunicación.

EL MINISTRO CATALÁ, MÁXIMO RESPONSABLE. CCOO EXIGE SU DIMISIÓN

El ministro pretende con este cese eludir su responsabilidad máxima pues el propio ministro anunció a bombo y platillo en plena precampaña electoral la implantación del “papel cero” como máximo éxito de su gestión al frente del Ministerio, siendo pleno conocedor de que era imposible llevarlo a cabo. De esta forma, ha tomando el pelo a la ciudadanía que, engañada una vez más, pudo pensar que el ya tradicional deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia empezaba a solucionarse, motivo por el cual CCOO solicitaremos su cese al Presidente del Gobierno en funciones y el reproche del Congreso de los Diputados mediante escritos que presentaremos el mismo lunes 25 de enero en la Moncloa y en el Parlamento.

CCOO SOLICITA TAMBIÉN EL CESE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Pero para CCOO las responsabilidades se extienden a todos los responsables del organigrama del Ministerio de Justicia en el que se encuentra enclavada la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. Esta subdirección general depende directamente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, cuyo máximo responsable ha alardeado ante representantes de CCOO y de otros sindicatos del excelente resultado de la implantación generalizada del programa Lexnet de intercomunicación de los órganos judiciales con los operadores jurídicos en el territorio gestionado por el Ministerio, admitiendo como únicos fallos los producidos en las Comunidades Autónomas transferidas achacando los mismos a la falta de previsión y a la irresponsabilidad de sus gestores.

LA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA TAMBIÉN ES RESPONSABLE Y DEBE SER CESADA

La Secretaría General de la Administración Justicia y su máximo responsable dependen a su vez orgánicamente de la Secretaría de Estado de Justicia, cuya titular (“número 2” del Ministerio) no se dignó a reunirse con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de los juzgados, tribunales y fiscalías hasta el pasado 15 de diciembre de 2015 ¡¡SOLO QUINCE DÍAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE TRABAJO!! y estando por medio las fiestas navideñas. Para CCOO es incompresible e inaceptable que las personas que tienen que aplicar con su trabajo la implantación de las nuevas tecnologías no hayan sido escuchadas en todo el proceso, mientras se venían produciendo incontables reuniones de los representantes de la Administración central y autonómica con el resto de colectivos afectados (altos cargos judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia o Secretarios de Gobierno de los mismos, entre otros) que, como cabía suponer y está quedando demostrado, tienen un absoluto desconocimiento del manejo de las nuevas tecnologías y no son quienes realmente las tienen que aplicar en su trabajo diario.

Secretario General y Secretaria de Estado deben dimitir o ser cesados de forma fulminante por su responsabilidad en este fiasco, mucho más evidente para CCOO que la del subdirector general cesado el pasado viernes.

LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS, TAMBIÉN HAN MOSTRADO SU INCOMPETENCIA

Pero no solo el Gobierno Central es responsable de este fiasco, CCOO denuncia también la incompetencia e irresponsabilidad de los gestores autonómicos y responsables de las Consejerías de Justicia con competencias transferidas que se han negado tácita o explícitamente a poner los medios necesarios para dar cumplimiento a la Ley que les obligaba a partir del 1 de Enero de este año a implantar las nuevas tecnologías en los órganos judiciales de su Comunidad Autónoma. Denunciamos con contundencia que estos responsables autonómicos han reproducido en sus ámbitos competenciales los mismos errores que el Ministerio de Justicia, comenzando con la negativa a dar participación a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes y limitándose a culpar al Gobierno Central cuando son de distinto signo político, como en el caso de Andalucía, por ejemplo, o a esconder la cabeza debajo de su propia incompetencia cuando pertenecen al Partido Popular, como en el caso de Madrid.

CCOO DENUNCIÓ DESDE EL PRINCIPIO LA FALTA DE MEDIOS Y DE PREVISIÓN

La realidad era muy distinta desde el principio y así lo hemos venido denunciando desde CCOO y el resto de sindicatos que transmitíamos al Ministerio de Justicia el malestar y las quejas de los compañeros y compañeras de los juzgados que nos comunicaban la falta de personal, la insuficiencia de los medios tecnológicos y los fallos clamorosos de los programas informáticos, la falta de formación a los trabajadores y a las trabajadoras, la escasez de personal técnico en informática para la solución de los problemas que se iban produciendo, las continuas caídas de las redes que impiden desarrollar con normalidad el trabajo y un sin fin de fallos generalizados o puntuales que en ningún caso se han ido solucionando.

Con distinta intensidad, los mismos problemas han ido apareciendo en el territorio gestionado con el Ministerio de Justicia y en los ámbitos territoriales con competencias transferidas. Sirva como muestra que desde el pasado otoño se puso en marcha por el ministerio la experiencia piloto para la implantación de las nuevas tecnologías en La Rioja, territorio con competencias transferidas, y que los múltiples fallos del sistema observados en esta experiencia piloto no han sido solucionados aun, empeñándose el ministerio, con el Sr. Catalá a la cabeza, en mantener las fechas previstas para esta implantación a pesar de que había datos suficientes para prever su fracaso.

CCOO DENUNCIA TAMBIÉN LA PASIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MAYORITARIOS

Durante la tramitación parlamentaria de las leyes que se aprobaron en 2015 para la implantación de las nuevas tecnologías en los órganos judiciales, los partidos políticos mayoritarios de la anterior legislatura, más preocupados por controlar el Poder Judicial en favor de sus propios intereses que de buscar medidas eficaces y reales para el buen funcionamiento de la Justicia, también miraron para otro lado apoyando con su voto en el Parlamento todos estos desatinos y desoyendo las voces que desde CCOO y desde gran cantidad de asociaciones y organizaciones del ámbito judicial advertían de la imposibilidad de llevar a cabo la necesaria modernización de la Administración de Justicia sin los medios personales, materiales y tecnológicos suficientes.



CCOO vuelve a exigir a los partidos políticos y al nuevo gobierno, sea cual sea, soluciones reales a la lamentable situación de la mayoría de los órganos judiciales españoles que necesariamente pasan, por un lado, por aumentar los medios personales, mejorar nuestras condiciones de trabajo e implantar una verdadera formación profesional, y, por otra parte, por incrementar los medios materiales para llevar adelante una verdadera revolución tecnológica de los sistemas de trabajo en lugar de este fiasco y estafa con que están “obsequiando” a la ciudadanía y a los profesionales de la Justicia. 
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