CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia no han previsto la dotación de más personal para atender en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer las nuevas competencias que asumen de los delitos contra la libertad sexual.
Desde
hoy, los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán la competencia de
delitos contra las mujeres que hasta ahora eran competencia de los Juzgados de
Instrucción.
Estas
asunción de nuevas competencias en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y
su efectividad desde el 3 de octubre de 2025 obedece a la reforma de la LOPJ operada
en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia
del Servicio Público de Justicia.
Hasta
ahora, la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se limitaba a
los delitos cometidos contra mujeres que fuesen parejas o exparejas del
maltratador y, con esta modificación, se amplían a todos los delitos contra la
libertad sexual, de mutilación genital femenina, trata con fines de explotación
sexual, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona
ofendida por el delito sea mujer, independientemente del vínculo del agresor
con la mujer agredida.
Para
la efectividad de esta media solo se ha dispuesto la creación de nuevas plazas
de jueces o juezas de Violencia sobre la Mujer en Ayamonte, Llíria, Vila-real,
Arganda del Rey, Arona, Marbella, L'Hospitalet de Llobregat y Manacor, a partir
también del 3 de octubre, y en Motril, Puerto del Rosario, Arrecife,
Guadalajara, Ciudad Real, León, Vilanova i la Geltrú, Mérida, Santiago de
Compostela, Ourense, Granada, Almería, Algeciras, Córdoba, Málaga, Sevilla,
Zaragoza, Gijón, Palma, Eivissa, Las Palmas, Toledo, Valladolid, Barcelona,
Lleida, Cáceres, Badajoz, Madrid (3 nuevas plazas), Murcia, Cartagena, Alicante
y Benidorm, a partir del 31 de diciembre de 2025.
También
a partir del 31 de diciembre, en Jerez de la Frontera, A Coruña, Vigo,
Móstoles, Alcalá de Henares, Castelló de la Plana, Santander y Barakaldo se
transformará una plaza judicial de Instrucción en una plaza de Violencia sobre
la Mujer.
Obviamente,
con la incorporación de nuevos delitos a la competencia actual de este tipo de
Juzgados se va producir un significativo aumento de sus cargas de trabajo, pero
ni el Ministerio de Justicia ni las Comunidades Autónomas con competencias han
atendido las exigencias de CCOO de incrementar el número de personal
funcionario de estas oficinas judiciales lo que, además de un incremento muy
significativo del volumen de trabajo del personal actual, va a producir un
efecto inmediato de retrasos y peor atención a las mujeres víctimas, tanto de
los delitos del entorno de la pareja o expareja como los delitos contra
libertad sexual de nueva competencia.
Por
si fuera poco, también se va a extender la jurisdicción territorial de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, Mérida, Valladolid,
Guadalajara, Córdoba, Lleida, Santiago de Compostela, Ourense, Gijón, León,
Ciudad Real y Vilanova i la Geltrú a otros partidos judiciales de la misma
provincia, con efectividad el 31 de diciembre de 2025, poblaciones en las que
se va a ver incrementada la carga de trabajo con la asunción de los delitos
cometidos en otros partidos judiciales agrupados y para las que tanto el
Ministerio como las comunidades autónomas también se han negado a incrementar
el personal que las atiende en las oficinas judiciales, que seguirá siendo el
mismo, ya sobrecargado de trabajo en la situación actual.
CCOO
vuelve a denunciar las pésimas condiciones laborales, retributivas y de salud
laboral del personal que ya existían en los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer en varios ámbitos territoriales, incluido el gestionado por el Ministerio
de Justicia, que, no solo han sido reiteradamente denunciadas por CCOO, sino
que, en muchos casos, ha sido el propio personal el que ha optado por pedir
traslado a otros órganos judiciales, quedando cubiertos por un alto porcentaje
de personal interino y con dificultades para cubrirse con personal de carrera
que dé cierta estabilidad a estas plantillas y a estos órganos judiciales tan
específicos y que deben atender a una parte de la ciudadanía altamente
vulnerable. Y a esta situación de extrema gravedad se sumará ahora un
incremento de cargas de trabajo de más del 20%, según acreditados informes, sin
el incremento de personal que sería necesario.