Gallardón pretende cobrar por cada ciudadano que
naciera, creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara poderes,
hiciera testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera
GALLARDÓN PRIVATIZA
Lo venimos explicando desde CCOO hace tiempo y las amenazas de Gallardón se
van convirtiendo en hechos, sus proyectos de reforma que viene anunciando desde
su toma de posesión apuntan a la privatización del Servicio Público de la Justicia , a un
encarecimiento de la misma, a medidas que sólo tienen objetivos recaudatorios y
disuasorios para el ciudadano ("tasazo" judicial), a un alejamiento
de la Justicia
del ciudadano, y por ende, a la supresión de puestos de trabajo en la Administración de
Justicia y pérdida de derechos de los trabajadores.
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Recordemos que esa nueva Ley de Registro civil aprobó la desjudicialización
del registro civil y lo ponía en manos de las CCAA y de unos Encargados del
Registro civil sin identificar. CCOO lo denunciamos ya en el 2010 con los
primeros anteproyectos, y nos movilizamos y conseguimos introducir una D.Tr. 8ª
que, aunque no totalmente, garantizaba algunos de los derechos de los
trabajadores de la
Administración de Justicia.
Con este proyecto, al parecer, Gallardón se somete a las presiones del
colectivo de Registradores –que buscan nuevos ámbitos laborales donde ejercer
su profesión dado que el negocio inmobiliario deja a muchos sin sus pingües
beneficios- y de paso, incrementará nuevamente los costes para los ciudadanos.
Y los empleados públicos seremos ¿reubicados? en otros puestos de trabajo.
CCOO denunció que
la nueva Ley de Registro Civil provocaría la amortización de más 3.000 plazas
de funcionarios, que los funcionarios interinos serían cesados y los
funcionarios de carrera serían reordenados forzosamente. Ahora, además con la
reforma de la LOPJ
que introduce la movilidad geográfica incluso con cambio de municipio, el
ministerio tiene las manos libres y no necesita nada más.
Y a este proyecto, se suman los ya aprobados como el “tasazo” judicial y
los que vendrán que ya han sido anunciados: la reducción de partidos
judiciales, la privatización de asuntos judiciales como las notificaciones de
sentencias o las ejecuciones, la externalización de servicios judiciales como
las traducciones e interpretaciones, las consecuencias que traerá el proyecto
de “Tribunales de instancia”,…
Las medidas que adopta este Gobierno tienen un objetivo común: el
desmantelamiento de los Servicios Públicos y con ello la desaparición de miles
de empleados públicos. La
Justicia no va a ser menos y Gallardón lo tiene muy claro,
cueste lo que le cueste y caiga quien caiga.
