CCOO
junto al resto de organizaciones sindicales hemos venido denunciando la perversión que supone la privatización
de los Registros Civiles, a los que ya hace un tiempo se les está privando de
medios materiales y personales para justificar la transferencia de competencias
a entidades privadas como los Notarios y los Registradores de la Propiedad.
Dentro
de esta campaña de acoso y derribo contra un servicio público esencial como son
los Registros Civiles, tras propiciar un colapso recientemente al otorgar
competencias a los Registradores de la Propiedad para la digitalización de expedientes
de nacionalidad, ahora el Ministerio de Justicia ha acordado que los
ciudadanos puedan prestar el juramento para adquirir la nacionalidad ante los
Notarios, y de forma ¿gratuita?.
Lo
que en principio se vende como una agilización en los trámites de las
nacionalidades y ventajas para los ciudadanos que tienen que realizarlos, hemos
constado que es falso por los siguientes motivos:
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El trámite de juramento ante los Notarios no
se ajusta a la legalidad vigente, ya que la actual Ley de Registro Civil
establece que dicho juramento ha de realizarse ante el Encargado del Registro
Civil con las garantías que se derivan.
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El trámite de juramento, que a priori no tiene coste alguno para el ciudadano,
realmente no es gratuito, ya que
cualquier copia se cobra, e incluso se oferta la copia con fotografía del acto
al “módico” precio de 15 euros.
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El juramento es tan sólo un trámite dentro de todo el expediente para obtener
la nacionalidad, si se realiza de forma masiva y sin las garantías exigidas por
la ley nos veremos abocados a un nuevo colapso
en fases posteriores del trámite que se realizan, ya que no tiene sentido recoger
más juramentos que los que se pueden inscribir.
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Dicha medida se ha tomado a espaldas de los Encargados de los Registros Civiles
donde ya se habían citado a muchos ciudadanos para realizar los juramentos ante
los mismos, pudiendo dar lugar a duplicidades
en juramentos. Nos encontramos ante una situación de indefinición donde ya
los Encargados de los Registros Civiles
no saben si seguir citando o no a los ciudadanos, ya que no han recibido instrucción alguna por parte de la Dirección General
Ante la gravedad de la situación
referida reclamamos la retirada de toda medida de privatización de los Registros
Civiles para que siga siendo un servicio público servido por personal de la Administración de
Justicia y que garantice el cumplimiento de la legalidad vigente, la gratuidad
del servicio y la dotación de los medios materiales y personales suficientes.
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