La intención del
Gobierno de privatizar los registros civiles continúa, por lo que es
imprescindible mantener la presión y la movilización para impedirlo.
La decisión del
Ministerio de Justicia es más que probable que se anuncie en pocos días, por lo
que la presión es fundamental. PORQUE NO PODEMOS PERMITIR QUE LOS REGISTROS
NO SIGAN SIENDO UN SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO Y SERVIDO POR PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Pero este no es el
único gran problema que está creando el Gobierno y Gallardón a la ciudadanía y
al personal de la Administración de Justicia.
Aunque a última hora el Consejo de Ministros ha decidido posponer el anteproyecto de
reforma de la LOPJ, el texto constituye una agresión de tal calado que podría ser el
comienzo del desmantelamiento tal y como conocemos la Administración de
Justicia.
Además de
constituir un ataque de enormes dimensiones al empleo, a los derechos de
trabajadoras y trabajadores, al servicio público fundamental para que existan
derechos y garantías en este país.
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