CCOO se
ha reunido con la nueva Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, poniendo sobre
la mesa todos los temas pendientes más urgentes de tratar, solicitando una calendarización
urgente de la negociación de los mismos:
-
Creación de un Observatorio Judicial como
herramienta de evaluación del estado actual de la justicia en el País Valencià
y de las necesidades de la misma, con representación de todos los colectivos
afectados.
-
Implantación de la Carrera Profesional
en el Sector de Justicia, en términos similares a la desarrollada para el
personal del Consell, con las correspondientes adaptaciones a las
peculiaridades del sector.
-
Negociación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo.
-
Solicitud de creación de Juzgados y/o ampliación de
plantillas en los partidos judiciales que exceden en volumen de trabajo los
módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial.
-
Planes de refuerzos acordes a las necesidades
reales de los órganos judiciales.
-
Cobertura inmediata por personal interino de las
plazas que así lo requieran.
-
Negociación de una nueva bolsa de trabajo en la que
se subsanen las deficiencias de que adolece la actual. Es esencia que
entretanto se negocia una nueva bola se active y se de eficacia a la Comisión de seguimiento
de la bolsa actual.
-
Renegociación de las condiciones de regulación de
las comisiones de servicio.
-
Devolución íntegra de la paga extra correspondiente
a diciembre de 2012 a
todas y todos los funcionarios de justicia, independientemente de que tengan
resolución favorable o no, en consecuencia coherente al fallo de la sentencia
165/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón, que no
sólo reconoce el derecho individualizado a tal devolución, sino que
fundamentando que “no siendo en consecuencia tampoco ajustada a derecho la
resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, del Director General de Justicia,
por cuanto no reconoce el abono de forma íntegra, sino en parte”, la deja sin
efecto.
-
Cobro de retribuciones integras a partir del sexto
mes de baja, tal y como se establece en la modificación de la LOPJ de diciembre de 2012,
para el personal adscrito al régimen de mutualismo.
-
Cobro de la delegación de firma a los gestores del
Registro Civil, derecho reconocido en infinidad de sentencias y ante las que la
administración actúa pagando lo estrictamente reclamado en la demanda, pero sin
incluir dicho complemento en las subsiguientes nóminas del personal afectado.
-
Negociación del I Plan de Igualdad.
-
Cumplimiento estricto de la legislación en materia
de salud laboral.
-
Negociación de un acuerdo de derechos sindicales
que permita la adecuada representación de los trabajadores en un sector donde
existe una evidente dispersión de centros de trabajo a los que dar cobertura.
-
Garantía de seguridad de los trabajadores en las
distintas sedes, dotando de personal de seguridad todos los centros de trabajo.
Se da el caso de partidos judiciales con varias sedes en las que es mayor el
número de sedes que de personal destinado a su vigilancia, por lo que van
rotando por las distintas sedes sin poder dar la cobertura necesaria durante
toda la jornada laboral a todos ellas.
Por
otro lado, poner de manifiesto que en los últimos años nos hemos visto
obligados, reiteradamente, a reclamar ante la jurisdicción contenciosa el
cumplimiento de nuestros derechos, incluso cuando se encontraban recogidos en
nuestra propia legislación. A pesar de que este sindicato ha ganado todos los
recursos interpuestos en el período de duración de la última legislatura, no
podemos alegrarnos del gasto que las costas procesales ha supuesto al erario
público, ni de haber visto, impotentes, como la administración utilizaba a los
tribunales como técnica dilatoria.
Deseamos
y esperamos, en esta nueva etapa, sea visible en esta nueva administración un
giro radical en la actitud y el respeto hacia el colectivo de funcionarias y
funcionarios de la administración de justicia.
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