CCOO SE REUNE CON LA NUEVA CONSELLERA DE JUSTICIA


31 jul 2015


CCOO se ha reunido con la nueva Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, poniendo sobre la mesa todos los temas pendientes más urgentes de tratar, solicitando una calendarización urgente de la negociación de los mismos:
-          Creación de un Observatorio Judicial como herramienta de evaluación del estado actual de la justicia en el País Valencià y de las necesidades de la misma, con representación de todos los colectivos afectados.
-          Implantación de la Carrera Profesional en el Sector de Justicia, en términos similares a la desarrollada para el personal del Consell, con las correspondientes adaptaciones a las peculiaridades del sector.
-          Negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
-          Solicitud de creación de Juzgados y/o ampliación de plantillas en los partidos judiciales que exceden en volumen de trabajo los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial.
-          Planes de refuerzos acordes a las necesidades reales de los órganos judiciales.
-          Cobertura inmediata por personal interino de las plazas que así lo requieran.
-          Negociación de una nueva bolsa de trabajo en la que se subsanen las deficiencias de que adolece la actual. Es esencia que entretanto se negocia una nueva bola se active y se de eficacia a la Comisión de seguimiento de la bolsa actual.
-          Renegociación de las condiciones de regulación de las comisiones de servicio.
-          Devolución íntegra de la paga extra correspondiente a diciembre de 2012 a todas y todos los funcionarios de justicia, independientemente de que tengan resolución favorable o no, en consecuencia coherente al fallo de la sentencia 165/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón, que no sólo reconoce el derecho individualizado a tal devolución, sino que fundamentando que “no siendo en consecuencia tampoco ajustada a derecho la resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, del Director General de Justicia, por cuanto no reconoce el abono de forma íntegra, sino en parte”, la deja sin efecto.
-          Cobro de retribuciones integras a partir del sexto mes de baja, tal y como se establece en la modificación de la LOPJ de diciembre de 2012, para el personal adscrito al régimen de mutualismo.
-          Cobro de la delegación de firma a los gestores del Registro Civil, derecho reconocido en infinidad de sentencias y ante las que la administración actúa pagando lo estrictamente reclamado en la demanda, pero sin incluir dicho complemento en las subsiguientes nóminas del personal afectado.
-          Negociación del I Plan de Igualdad.
-          Cumplimiento estricto de la legislación en materia de salud laboral.
-          Negociación de un acuerdo de derechos sindicales que permita la adecuada representación de los trabajadores en un sector donde existe una evidente dispersión de centros de trabajo a los que dar cobertura.
-          Garantía de seguridad de los trabajadores en las distintas sedes, dotando de personal de seguridad todos los centros de trabajo. Se da el caso de partidos judiciales con varias sedes en las que es mayor el número de sedes que de personal destinado a su vigilancia, por lo que van rotando por las distintas sedes sin poder dar la cobertura necesaria durante toda la jornada laboral a todos ellas.
Por otro lado, poner de manifiesto que en los últimos años nos hemos visto obligados, reiteradamente, a reclamar ante la jurisdicción contenciosa el cumplimiento de nuestros derechos, incluso cuando se encontraban recogidos en nuestra propia legislación. A pesar de que este sindicato ha ganado todos los recursos interpuestos en el período de duración de la última legislatura, no podemos alegrarnos del gasto que las costas procesales ha supuesto al erario público, ni de haber visto, impotentes, como la administración utilizaba a los tribunales como técnica dilatoria.

Deseamos y esperamos, en esta nueva etapa, sea visible en esta nueva administración un giro radical en la actitud y el respeto hacia el colectivo de funcionarias y funcionarios de la administración de justicia.
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