Dos meses de estado de alarma por
Coronavirus. 60 días de ensayo-error donde se aprende poco de los errores y no
se hace más que confundir a propios y extraños.
Desde que el pasado 12 de marzo el
CGPJ dictó su primera resolución con instrucciones para afrontar el Covid-19 en
el ámbito de la Administración de Justicia, hemos visto pasar decenas de
instrucciones por las más diversas instituciones: Ministerio de Justicia, CCAA
con transferencias, Secretarias de Gobierno, Secretarias Coordinadoras, Jueces
Decanos, Letrados de Administración de Justicia, etc. El resultado es una
compilación enorme de resoluciones que se van acumulando sin que aclaren las
directrices que se actualizan día a día. La primera norma del CGPJ sirve para
los servicios esenciales pero que han ido actualizando por otras, teniendo que
estar atento para no perderte en las resoluciones. En el Registro Civil las
normas las dicta el Ministerio pero con los servicios esenciales del CGPJ. En
los servicios mínimos han metido mano todo el mundo sin que ya se sepa quién
tiene la competencia. La Comunitat Valenciana ha dictado varias resoluciones
sobre servicios mínimos, ahora no. Ha probado suerte la Comisión Autonómica de
Seguimiento y, ahora tampoco. Ahora hacemos caso al Ministerio pero la
Consellera decide que hagamos un horario sin pies ni cabeza y lo más grave, sin
ninguna resolución que lo avale.
No sería mucho más racional y eficaz
que las resoluciones vinieran de pocas instituciones y, si es posible,
consensuadas. Que las resoluciones que se fueran dictando fueran derogando a
las antiguas y recogiendo en las nuevas la totalidad de normas aplicables. No
sería deseable que se dejara capacidad de maniobra en los sitios donde no se
ajusten los estándares judiciales y se dejara claro quién debe de tomar las
decisiones. ¿Es el sentido común, el menos común de los sentidos?
Existe un problema estructural de
desgobierno de la Justicia donde muchos colectivos quieren tener la voz
cantante y ver reconocidos sus intereses por encimas de otros colectivos e
incluso del propio servicio público, son reminiscencias de otras épocas en
donde más que funcionarios al servicio de la ciudadanía eran autoridades con
demasiado poder. Y en estas épocas convulsas salen a la luz esas
contradicciones y esas luchas de poder que paralizan la Justicia y la anclan al
pasado. Ese pasado desde donde no puede avanzar hacia un servicio por y para la
ciudadanía, donde se ofrezca un servicio moderno y eficaz acorde a los tiempos,
como sí han hecho otras administraciones como Hacienda.
En los momentos donde más unidos
teníamos que estar entre todos los colectivos que pintamos algo en la Justicia,
más se notan las grietas de un edificio grande y viejo que ya no admite más
lavados de cara. No se admiten puntos de vista distintos fuera del clasismo de
determinados colectivos que quieren seguir conservando su poder en un sistema
piramidal, donde los y las funcionarias de justicia no podemos aportar
soluciones en un sistema anquilosado.
En vez de unidad y
claridad de criterios, eficacia en la prestación del servicio público y seguridad
laboral en la prestación del mismo, tenemos discrepancias, descoordinación,
confusión y a la larga más de lo mismo, no se ve una salida del túnel. Esta
Administración de Justicia necesita un cambio de arriba a abajo pero no hay
nadie que coja el toro de los cuernos para realizar las reformas estructurales
que necesitamos. Conseguirá el Coronavirus un cambio de mentalidad que
arrastramos desde tiempos inmemoriales…
