La plataforma Justicia Para Todos, de
la que forma parte CCOO, convocó
concentraciones frente a las sedes judiciales de toda España con el fin de
informar a la ciudadanía de la gravedad y perniciosa incidencia de esta ley,
pues la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino y además, una
restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos.
Transcurrido un año desde la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han
confirmado los peores augurios sobre su aplicación:
-Se ha privado a muchos ciudadanos de su
fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva, se ha
constatado una disminución muy importante de asuntos.
-No se ha penalizado el mal uso y abuso
de la Justicia, ya que empresas y los ciudadanos de holgada situación económica
no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho.
-Se ha favorecido el abuso e impunidad
de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.
-Se ha recaudado apenas un tercio de lo
previsto con el establecimiento de las tasas, incumpliendo el Ministerio su
compromiso de que el importe de las mismas se destinaría a mejorar la
asistencia jurídica gratuita.
-El objetivo de la Ley de Tasas era y
es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los
ciudadanos.
-La contestación social ha sido unánime
por parte de todos los colectivos que trabajamos en el ámbito judicial. Además,
hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por CCAA y PSOE, y cuestiones
de inconstitucionalidad planteadas por multitud de Juzgados.
En el resto
de Europa, las tasas judiciales son testimoniales o se han suprimido, como en
Francia a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema
“penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. España
sigue siendo diferente.
La agilización de la administración de
justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas
sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando
por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio
público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello.
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