UN AÑO DE TASAS JUDICIALES


21 nov 2013


La plataforma Justicia Para Todos, de la que forma parte CCOO, convocó concentraciones frente a las sedes judiciales de toda España con el fin de informar a la ciudadanía de la gravedad y perniciosa incidencia de esta ley, pues la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino y además, una restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos.
Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación:
-Se ha privado a muchos ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva, se ha constatado una disminución muy importante de asuntos.
-No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia, ya que empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho.
-Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.
-Se ha recaudado apenas un tercio de lo previsto con el establecimiento de las tasas, incumpliendo el Ministerio su compromiso de que el importe de las mismas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita.
-El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos.
-La contestación social ha sido unánime por parte de todos los colectivos que trabajamos en el ámbito judicial. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por CCAA y PSOE, y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por multitud de Juzgados.
En el resto de Europa, las tasas judiciales son testimoniales o se han suprimido, como en Francia a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema “penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. España sigue siendo diferente.

La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello.
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