Otra vez se ha reunido la Comisión Judicial Provincial de Valencia (CJV) creada para la situación generada por Covid-19 sin que se haya contado
con la representación sindical ni los delegados de prevención del personal de
Justicia y, otra vez, nos enteremos del resultado de dicha reunión por terceras
personas. Ni somos ganado ni chiquillos a los que se les dice las cosas y a la
cama sin rechistar, tenemos unos derechos y tenemos derecho a opinar sobre las
medidas que se toman con nuestra salud. La situación es gravísima con medidas
de confinamiento por otros 15 días y el personal de Justicia con medidas
presenciales aunque no sea esencial y sin tener voz ni voto. Estamos estudiando
si tenemos alguna medida a nuestro alcance para revertir la situación.
En la reunión de 21 de marzo toman unos Acuerdos que os resumimos:
1º.- Uso de mascarillas, guantes, geles
desinfectantes y otros medios adecuados de protección contra el contagio:
- Se debe facilitar a todo el personal al
servicio de la Administración de justicia y otros profesionales que realizan su
función en dependencias judiciales.
- Si faltan estos medios se prioriza aquellas
personas que deban tener, por su función realizada en el juzgado u otra oficina
que preste servicio en el edificio judicial, como dependencia de Fiscalía o
IML, un contacto directo con otras personas a una distancia inferior a dos
metros y no puedan realizar su función desde una distancia de dos metros o por
medio de mampara o videoconferencia.
- Quien prioriza el uso de estos medios: la CJV
de forma coordinada por Presidenta de la Audiencia Provincial, Decano, Fiscal
Jefe y por la Gerente y en el resto de dependencias u oficinas de los edificios
judiciales de otros partidos por el Decano de los mismos.
- Suministro: La Gerente del edificio de la CJV
se coordinará con Decanos, Fiscales y otros servicios que precisen de estos
medios.
- Los materiales de autoprotección utilizados
se desecharan en los contenedores que se suministrarán al efecto.
2º.- Sustitución de Médicos Forenses en vistas
orales por otro compañero dado que están en situación de disponibilidad para la
Sanidad Pública.
3º.- Establecimiento del sistema de
comunicación por vía telemática “Proyecto Videoconferencias Webex en Justicia”.
Para el desarrollo de esta función se usarán las cuentas de correo oficiales de
los SCPAG. Los organizadores y asistentes sólo deben disponer de un portátil o
PC con webcam con acceso a Internet. En las sedes judiciales se podrá utilizar
el PC instalado en el SCAG para videoconferencias externas si bien no es
necesario estar en Sede Judicial.
4.- Se restringe el movimiento de personal de
justicia y otros profesionales que realizan su función en dependencias
judiciales dentro de las instalaciones del edificio judicial creándose rutas
únicas y de seguimiento obligatorio para el acceso a las distintas
dependencias.
5º.- El contacto con el público debe hacerse
por medio de mamparas o videoconferencia , reduciéndose a lo estrictamente
necesario el contacto directo con el público tanto por el personal de la
administración de justicia como por otros profesionales que realizan su función
en dependencias judiciales.
6º.- En el Juzgado de Guardia de Valencia se
instalará un equipo de videoconferencia.
CCOO ya ha presentado un escrito solicitando:
1.- Que todos los Juzgados de Guardia de la
Comunitat Valenciana presten su servicio en las plantas bajas de los edificios
si hay dependencia habilitadas para ello y si no, que se habiliten.
2.- Que se inicien y agilicen los trámites para
la instalación de mamparas en los mostradores de atención al público y se
instalen los medios necesarios para la toma de declaraciones en los locutorios
o sitios habilitados a ese efecto garantizando las condiciones de usabilidad e
higiene necesarias.
3.- Respecto a las sedes en que radican los
Juzgados de Paz y cuya competencia en infraestructura y materiales dependen de
las corporaciones locales, sería muy importante que se remitieran oficios a los
mismos para que faciliten los medios necesarios para la prestación del servicio
en condiciones de salud óptimas para el personal y la ciudadanía y, en caso
contrario, supliéndose de inmediato dicho suministro por la Administración
autonómica , todo ello a fin de proteger a un personal y la actividad
jurisdiccional que es de su competencia y que los mismos no se vean abandonados
y condenados a pelearse con dos Administraciones para trabajar en unas
condiciones dignas.
Esta crisis sanitaria nos afecta a todos,
estamos en primera línea pero nos apartan de las decisiones sobre nuestra
salud. Ni es justo ni es de Justicia.
