En el DOGV de 17 de mayo se ha
publicado el Protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral en la Administración de
Justicia de la Generalitat,
que fue aprobado en la reunión de la Mesa Sectorial de Justicia de 21 de marzo de 2019,
por lo que en primer lugar llega con dos años de retraso.
El objeto de este protocolo es
establecer el procedimiento de actuación a través de la Dirección General
de Justicia en los supuestos de acoso laboral de cualquier naturaleza (acoso
moral, sexual, por razón del sexo, discriminatorio u otras situaciones de
violencia laboral).
Los objetivos generales del Protocolo son, establecer las
medidas apropiadas destinadas a evitar las situaciones de acoso laboral en el
seno de la
Administración de Justicia transferida a la Generalitat, así como,
determinar las actuaciones adecuadas en caso de presentación de peticiones o
denuncias de acoso o violencia en el entorno laboral y facilitar la realización
de acciones dirigidas a la subsanación de las consecuencias inadecuadas derivadas
de situaciones de cualquier tipo de acoso laboral, en caso de
confirmarse que la denuncia se acredite como real.
Los órganos o unidades competentes que
intervendrán ante la presencia de situaciones conflictivas que favorezcan la
posibilidad de cuadros de acoso laboral son las Unidades de Resolución de
Conflictos (de las que formamos parte las organizaciones sindicales), la Inspección General
de Servicios (IGS) y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Personal Propio de la
Generalitat (SPRL).
Desde CCOO impulsamos las negociaciones para los y las
trabajadoras del Justicia tuviésemos una importante herramienta para poder
defendernos de las
situaciones de acoso que podemos sufrir en el entorno laboral.
Asimismo se prevé un sistema de
mediación para otros comportamientos o actuaciones en los que, sin llegar al
acoso, se producen situaciones de tensiones laborales. Las datos de las denuncias
son confidenciales y se pueden tomar medidas cautelares.
La peculiar idiosincrasia de la Administración de
Justicia que tiene colectivos dependientes de varios organismos (Ministerio de Justicia, Consejo General
del Poder Judicial y Consell) puede hacer complicado un procedimiento eficaz de
resolución de este tipo de conflictos y puede dejar a su buena voluntad la
colaboración entre dichos organismos y que la parte más débil en este caso, los
y las trabajadoras, reciban un trato justo.
Esperamos que el Ministerio de Justicia y
el Consejo General del Poder Judicial apliquen los protocolos que ya
existen y no se sigan dejando impunes situaciones de acoso cuando se producen
por parte del personal de su competencia, tal
y como hemos venido
sufriendo en situaciones, que no por el hecho de ser una excepción no dejan de
ser conductas reprobables.
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