Para la Ley de Eficiencia CCOO hemos seguido insistiendo en que la instauración de los Tribunales de Instancia no suponga recortes drásticos en la movilidad voluntaria dentro de la misma localidad y en que se concreten los puestos de trabajo para evitar que se encomienden de forma obligatoria tareas de distintas oficinas, jurisdicciones o especialidades.
06/06/2024
Ayer se celebró la segunda reunión negociadora sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que resultó tan frustrante como la anterior celebrada la semana pasada, dada la falta de flexibilidad del ministerio que insiste y se niega a modificar su proyecto de puestos de trabajo de ubicación y tareas indefinidas agrupados en grandes oficinas en las que el o la responsable funcional pueda distribuir el trabajo para la atención a una u otra jurisdicción (civil, penal, social, etc.) o a una u otra especialidad (familia, instrucción, mercantil, menores, etc.), o incluso adistintos partidos judiciales con puestos de trabajo compatibles o deslocalizados que CCOO rechaza.
Frente a ello, CCOO hemos seguido insistiendo en la exigencia de que los puestos de trabajo queden agrupados en oficinas que atiendan un máximo de seis jueces de la misma jurisdicción y especialidad y que los equipos en los que se dividan estas oficinas (a los que se pueda optar en concursos o nuevo ingreso) tengan dimensiones reducidas a un máximo de quince trabajadores o trabajadoras.
Además, para el nuevo modelo organizativo, CCOO hemos vuelto a exigir en esta reunión de la Mesa Sectorial:
- Que en el proceso de acoplamiento a las nuevas oficinas se garantice la voluntariedad en la elección de los puestos de trabajo y el mantenimiento de las retribuciones complementarias y por guardias.
- Que las situaciones coyunturales de sobrecarga de trabajo se atiendan con Servicios de Apoyo y no con el sistema de movilidad funcional forzosa que plantea el ministerio.
- Que el diseño organizativo de las nuevas oficinas judiciales y la distribución en áreas y equipos sea similar en todos los ámbitos territoriales y no quede a capricho de cada administración competente.
- Que en la futura oficina judicial haya, al menos, el mismo número de puestos de trabajo singularizados y con retribuciones especiales o por guardias que en la actualidad.
- Que no se implanten los tribunales de instancia ni las oficinas de justicia del municipio hasta que no estén negociadas las nuevas relaciones de puestos de trabajo.
- Que no se reduzca el número de puestos de trabajo por cuerpo y localidad.
En esta importante modificación de la LOPJ que supone la Ley de Eficiencia, seguimos exigiendo también mejoras en la promoción interna, ofertas de empleo público, sustituciones y comisiones de servicio, formación profesional, igualdad y el resto de condiciones de trabajo.
Y, por último y no menos importante, hemos exigido la modificación de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de la Ley de Justicia Gratuita para eliminar la condena en costas en los recursos contencioso-administrativos en los que se reclamen derechos laborales del personal funcionario, como ocurre cuando el personal laboral (público o privado) reclama sus derechos ante la jurisdicción social.
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