En el
régimen de clases pasivas tenemos la opción de poder jubilarnos anticipadamente
a los 60 años cuando cumplimos 30 años de servicio, y si tenemos 35 años
cotizados con el 100% de nuestro haber regulador.
Antes
de la crisis, se jubilaban anticipadamente unos 2000 empleados públicos, al
principio de la crisis subió a 4000 y en 2011 a casi 6000. Pero el récord se lo lleva
2012 con casi 14000. ¿Qué ha pasado para que se disparen los datos a esos
niveles? Pues que entre todos la mataron y ella sola se murió: la supresión de
la paga extra de diciembre de 2012, la pérdida de derechos como los días
canosos de vacaciones y asuntos propios, el empeoramiento en las condiciones de
trabajo en los juzgados, la propuesta de reforma de pensiones en la que se
planteaba la prohibición o el alargamiento en la edad de jubilación anticipada,
entre otras.
Datos
del INE reflejan que casi la mitad de las personas que optaron por la
jubilación anticipada o fueron obligadas a ello (personal laboral en empresas
públicas) hubieran preferido seguir trabajando.
El
gobierno se queja alegando el elevado coste de dichas jubilaciones (7288
millones) pero no ofrece soluciones para que los trabajadores puedan seguir en
activo.
En
conclusión, el coste de la jubilación anticipada puede ser elevado, la pérdida
en experiencia de capital humano es insustituible y muchos trabajadores
querrían seguir en sus empleos pero cuando las condiciones laborales empeoran
tanto que en el horizonte sólo se ven nubarrones lo que en principio es un
derecho, una opción, se convierte en una obligación para cada uno de preservar
el bienestar económico de su familia.
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