El
gobierno de Mazón condena a los juzgados al desastre
El
sector de Justicia de CCOO denuncia que la Conselleria de Justicia deja sin
personal suficiente a los juzgados que tienen mayor carga de trabajo y sufren
más retrasos
Después de anunciar que no se iba a nombrar personal temporal
hasta pasado el 1 de julio y tener que desdecirse al día siguiente ante la
presión de los distintos operadores jurídicos, la Conselleria de Justicia ha
encontrado otra manera de ahorrar dinero, cesando a una parte importante del
personal de refuerzo que estaba trabajando en distintos órganos judiciales.
Con más de 300 refuerzos nombrados en los distintos órganos,
la Dirección General de Justicia se negó, tal y como se establece en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a crear las plazas de los refuerzos de más de 3
años, que ya se consideran necesidades estructurales.
Pero, por si eso fuera poco, hoy mismo han empezado a llegar
los ceses de la mayoría de este personal que reforzaba aquellos juzgados más
castigados por el volumen de trabajo y los retrasos. Como ejemplo, los Juzgados
de Catarroja a los que se les quita más de la mitad del personal de refuerzo, a
pesar del la sobrecarga que supone el procedimiento sobre la DANA y de otras
dos macrocausas en el Juzgado nº 5, o el Juzgado nº 1 de Sagunto, que lleva la
violencia de género, al que se le quita el refuerzo del que disponía hasta
ahora.
Con unos nuevos presupuestos de la Generalitat recién
aprobados y que incrementan casi un 10 % a los anteriores, la falta de dinero
es la única excusa que la Conselleria de Justicia da a las organizaciones
sindicales, en una comunidad que prioriza los toros sobre el servicio público
de la justicia.
Esta decisión provocará más atascos, más retrasos y, cada vez,
un peor servicio a la ciudadanía y a todos los
y las profesionales del sector, que sufrirán las consecuencias del
desinterés de la Generalitat.
En una comunidad donde los juicios de la jurisdicción social
ya están señalando para finales de 2026, recortar personal en los órganos
judiciales es una garantía de colapso en la administración de justicia.
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