Sobre las retribuciones el ministerio ha dejado claro que, con la negociación del incremento del complemento específico del ámbito no transferido que está llevando a cabo con Csif y Ugt, da por finalizada el tema y sobre las funciones, carrera profesional y registro civil se ha negado a poner fecha para el inicio de las negociaciones que, mucho nos tememos, pretende también ignorar.
Desde aquí, emplazamos al resto de organizaciones sindicales para, desde una nueva unidad sindical, determinar las nuevas acciones a llevar a cabo.
Teniendo sólo en marcha un grupo de trabajo sobre la Ley de Eficiencia, que se reunirá por primera vez el próximo martes, CCOO hemos exigido que se constituyan también los grupos de trabajo de RETRIBUCIONES, FUNCIONES, CARRERA PROFESIONAL Y REGISTRO CIVIL.
Era de imaginar que la estrategia del ministerio, a la que sucumbieron algunos sindicatos, le daría alas para zanjar cualquier reclamación retributiva en relación a las funciones.
“NO MÁS FUNCIONES, SIN RETRIBUCIONES” ha sido el lema por excelencia en la movilización, pero también en relación a la eliminación de los grupos de población punto éste que también pactó con LAJs y Jueces y Fiscales.
Por lo demás, esta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ya se está tramitando en el Congreso por el trámite de urgencia, por lo que CCOO también hemos exigido que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas hasta que termine la negociación en la Mesa Sectorial y se presenten, por los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, las modificaciones a este proyecto de Ley que hayamos podido pactar.
Nuevamente, el Ministerio se ha negado a comprometerse, lo que nos lleva a desconfiar de lo que se nos propone se haga con la intención que sea una negociación real y a pensar que nos hayamos ante un nuevo “postureo” en el que pocas o ninguna de las propuestas sindicales vayan a ser aceptadas.
Como avance a las propuestas de modificación en profundidad de esta Ley de Eficiencia CCOO hemos manifestado nuestra total oposición a las macrooficinas judiciales que se plantean para que se garantice la movilidad siempre voluntaria a puestos de trabajo concretos del mismo u otro municipio, se pueda elegir la jurisdicción y la sede en la que se trabaja y no se produzcan en ningún caso pérdida de puestos de trabajo ni de retribuciones.
Insistimos, además, que los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en el municipio no entren en funcionamiento hasta que no se negocien las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo que en ningún caso se deben imponer unilateralmente por la administración entre Enero y Julio de 2025 como plantea el proyecto de ley.
