El documento nos
parece un parche más y una nueva oportunidad perdida por la Administración para
apostar por modernizar una estructura organizativa anclada en el pasado.
El Decreto que
regula el teletrabajo para la Generalitat Valenciana no es que sea el no va más
pero sí se intuye una apuesta más seria para evolucionar a la Administración un
servicio público con más prestaciones electrónicas que conjugue eficacia
organizativa y conciliación laboral con mejores servicios para la ciudadanía.
El borrador
recoge, básicamente, las mismas condiciones que la instrucción de desescalada
dictada en junio por la DGJ y que resumidos son:
- - Voluntariedad
- - Máximo 30% de la plantilla aunque puede rotarse.
- - 3 días de teletrabajo y 2 presenciales a la semana.
- - No se ficha las entradas y salidas pero sí hay que validar
la opción teletrabajo en el apartado de permisos de Cronos.
- - Se concederá automáticamente si se cumplen los requisitos
y previamente lo solicita el o la responsable funcional.
- - Sólo se exceptúa de la presencialidad el tiempo que dure
el confinamiento de hijos/as menores de 14 años, lo que deja fuera mucha
casuística importante, como por ejemplo al personal especialmente sensible al
COVID.
- - La carga técnica, de funcionamiento de equipos, de medidas
de seguridad y de medidas de prevención recaen sobre el personal funcionario.
Ante este documento
con tantas lagunas y lapsus, CCOO presentará las correspondientes alegaciones
para intentar subsanar las contradicciones que nos plantea la Administración
que alaba los beneficios del teletrabajo pero lo limita mucho; que pretende
proteger al colectivo pero deja fuera muchos de los problemas de los y las
compañeras, que intenta dar mejor servicio público pero sólo desde el punto de
vista del responsable funcional…
Ya muy entrados
en el siglo XXI la Administración de Justicia sigue manteniendo posturas retrógradas
y luego pretenden compararse con otras Administraciones como la Agencia
tributaria o la Tesorería de Seguridad Social.
