Saltándose la fase voluntaria de las reordenaciones y aplicando un criterio incorrecto sobre el cómputo de la antigüedad en el centro de destino de origen, se estaba moviendo, a través de una reasignación forzosa, a un grupo de gente a los que no se les había llegado a ofrecer, como obliga nuestra normativa sobre reordenaciones y reasignaciones, la posibilidad de optar a todas esas plazas que la DGJ quiere cubrir pero que en las que no ha tenido personal para confirmar.
Para explicarlo más sencillo: cuando lo lógico es mover plazas que estén vacantes a esos destinos donde quedan sitios por cubrir, lo que se había hecho es mover a personal titular a estos destinos no deseados y todo ello incumpliendo nuestra regulación sobre el tema.
Además, a la hora de ver a quién se movía, para lo que se tiene en cuenta la antigüedad en el puesto, se estaba teniendo en cuenta la fecha de toma de posesión, lo que penaliza a quien ha tenido un plazo posesorio mayor, por tener que desplazarse desde otro localidad y otro territorio, así como a quien no ha podido tomar posesión en el plazo por encontrarse, por ejemplo, de baja.
Ahora se cambia este criterio y, como el Ministerio y resto de territorios han hecho, será la fecha de la resolución del concurso, u oposición, por el que se llegó a ese destino y en caso de empate, la antigüedad en el cuerpo, osea el escalafón y, con ese criterio se realizará una fase voluntaria de reordenación, en la que se ofrecerá, al personal afectado, las vacantes existentes en la localidad antes pasar, en caso de ser necesario, a una reasignación forzosa, en la que se podrían mover las vacantes que queden, sin que afecte a plazas que tienen titular.
Nos parece esencial conseguir que todo este proceso se ajuste, de una forma escrupulosa, a nuestra normativa legal y, aún dentro de una organización que consideramos nefasta, esta modificación garantiza, al menos, que se corrija una de las irregularidades que estábamos sufriendo.
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