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Inoperancia y parálisis de la Conselleria de Justicia


5 oct 2020


 Las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana ante la falta de información y la situación actual, hemos acordado redactar el siguiente comunicado:  

VER COMUNICADO CONJUNTO

Desde hace meses, la relación entre la Conselleria de Justicia y los sindicatos pasa por horas bajas; existe una dejadez informativa, colaborativa y organizativa. La Administración se aferra a la eterna excusa de que carece de efectivos, de que no cuenta con los medios personales suficientes para hacer frente a la avalancha de trabajo diaria. De hecho, es casi imposible que cojan el teléfono o contesten cualquier correo con las diferentes dudas que les trasladamos desde los sindicatos. Todo ello, por no hablar del “Silencio Administrativo constante”, ni una sola respuesta a los escritos que les remitimos o bien desde la Junta de Personal o bien cada sindicato, de modo particular. Un silencio inexplicable y sospechoso que hace aún más patente su incapacidad para dar y tomar soluciones.

Lo realmente preocupante es que no den solución a la mayoría del personal de Justicia que se dirige a su empleador para solucionar temas de nóminas, permisos, bajas, cobertura de plazas por personal interino, etc. Este personal no encuentra a ningún interlocutor de la Administración que les atienda y muchas veces confían en las organizaciones sindicales para que gestionen estos problemas pero tampoco encontramos a nadie que solucione esta situación.

Toda esta situación, que como insistimos -se remite muchos meses atrás- se ha visto agravada por la pandemia ocasionada por el COVID 19. Cierto es que esta crisis sanitaria nos ha cogido a todos por sorpresa, pero también es verdad que la responsabilidad de la Administración pasa por la toma ágil y rápida de decisiones, como por ejemplo la regulación del teletrabajo o del permiso por deber inexcusable para funcionarios que en su ámbito familiar sufran un contagio y deban permanecer en casa. Por todo ello, nos reafirmamos en que la incompetencia de esta Administración está quedando sobradamente demostrada.

Y nuestra opinión es que la desidia y dejadez van más allá de los medios con los que cuenta esta Administración. La falta de interés y respeto de la Conselleria hacia el personal de Justicia se evidencia con ejemplos como: meses después de haberse levantado el confinamiento, muchos puestos de trabajo siguen vacíos, ya sea por jubilaciones, licencias por maternidad o bajas de larga duración. Tenemos además, una bolsa de trabajo que se publicó en 2012, que a día de hoy se encuentra agotada, otra bolsa de trabajo “dada por negociada” que veremos cuándo entra en vigor; medidas de adecuación y modernización emprendidas a marchas forzadas, pero sin tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, infraestructuras deficientes y un largo etcétera.

Las continuas reclamaciones por parte de todos los Sindicatos, de las Juntas de Personal, de los Delegados de Prevención de Riesgos, de los compañeros, incluso las quejas de la ciudadanía ponen de manifiesto que nuestra Administración de Justicia pasa por una profunda crisis. Los problemas de la justicia siguen alargándose en el tiempo, por la falta de medios materiales y personales, pero sobre todo, por falta de intención, sin que divisemos una luz al final del túnel.

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NO a la congelación salarial


17 sept 2020



 CCOO, como sindicato mayoritario en la función pública, exige respeto institucional y una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 y rechaza la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos, una noticia filtrada por el Gobierno al diario El País, entendemos que para caldear el ambiente al mismo tiempo que se posicionan ante los PGE con el retraso de la edad de jubilación real.

Las y los empleados públicos hemos hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecemos el desprecio del Gobierno. Es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la carrera profesional. El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensada, la pérdida de poder adquisitivo llega, en algunos casos, al 15% durante este período, lo que es indignante e inaceptable.

CCOO firmó el acuerdo de subida de sueldos para 2018 a 2020 con unas subidas de poco más del 8%, lo que ni siquiera llega a paliar el recorte sufrido en 2010 y la posterior congelación del sueldo durante 7 años. Ahora nos parece totalmente inaceptable que se plantee el nuevo recorte que supondría la congelación salarial que propone el gobierno para el próximo año. Cuando la economía va bien tenemos subidas moderadas, cuando las hay, para no sobrepasar el gasto público y cuando las cosas vienen mal somos los primeros cabezas de turco y los que pagamos el pato de su mala gestión.

La congelación salarial no es aceptable ni justa para quienes hemos cumplido con nuestro deber todos los días y con especial dedicación durante esta situación de crisis sanitaria.

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STAJ y sus "otros" cursos de formación


30 jun 2020


Nos da vergüenza ajena leer el último artículo que ha publicado el Staj en su blog, desde la ignorancia y la intención de echar …que algo queda, aprovechando, quizás, la poca memoria de algunas personas.
Como en CCOO sí que tenemos memoria y no estamos dispuestos a que se ponga en entredicho nuestra honorabilidad, os dejamos un poco más de información de la que el Staj manipula en su web.
1.La pertenencia o no a la Mesa General de la Función Pública viene determinada por la representatividad. Osea, Staj no está en la Mesa General porque no quiera, sino porque no puede!! Por ese motivo desprecia, reiteradamente cualquier información o negociación que provenga de la misma. El objetivo es evidente, desviar la atención de su falta de capacidad para poder conseguir muchas cosas de las que promete mesa a mesa porque a todo el mundo dice aquello que quiere oír.
Por poner un ejemplo: Gracias al anterior acuerdo de legislatura de la Mesa General se consiguió empezar la negociación del Plan de Actuación de Carrera Profesional del personal de Justicia y en Mesa General se han ratificado los acuerdos alcanzados sobre el mismo. Pero eso el Staj no lo cuenta… y aprovechamos para informar que gracias a su increíble pericia judicial, por sentencia de 7 de enero del Juzgado de lo Contencioso nº 8 de Valencia, ha conseguido que se anule el Plan de Actuación de carrera profesional de 2018. Otro sindicato ya había conseguido que anularan el del 2017, el Staj el del 2018…Pero claro, de eso no ha informado, no le interesaba.
2. Tampoco cuenta el Staj como su sindicato ha estado vendiendo cursos, con acuerdos con distintas Universidades, para su valoración en las oposiciones que se están celebrando y en la bolsa de trabajo. Por supuesto, para la realización de estos cursos no sólo había que pagarlos sino, también, afiliarse a su sindicato.
Y esto lo hace el sindicato que presume y lleva por bandera la honradez y el interés por el colectivo. Interés sí, pero de otro tipo…
3. Vamos a aclarar el tema de los cursos. Hasta 2015 los sindicatos impartían formación continua para las administraciones públicas. Subvencionada? Por supuesto, subvencionada, gratuita y que se podía realizar por personas afiliadas y no afiliadas en condiciones de igualdad.
El criterio de inclusión en los mismos muy sencillo, por orden de inscripción.
La inclusión de los cursos de ese año, también los impartíamos los años anteriores y no se han incluido, es por el plazo de valoración que establecieron las bases de la bolsa en el momento en que se negociaron. Si se valoraba los cursos incluidos en los Planes de Formación Continua para las Administraciones Públicas había que incluir los impartidos por las organizaciones sindicales, mientras aún los tuvimos, dado que tienen la misma categoría que los del IVAP.
Miente el Staj al decir que no hubo negociación sobre los cursos de formación, o hay muy poca comunicación entre sus delegados y delegadas porque estuvieron presentes. En esa mesa CCOO manifestó ya que consideraba que sólo debían de incluirse los cursos de contenido jurídico o informático y que eran sólo esos los que habíamos presentado para su valoración. La administración reconoció este extremo y dijo que tenían que incluirlos todos porque todos pertenecían a la formación continua y dejar alguno fuera sería recurrible por parte de aquellas personas que los quisieran aportar como mérito.
Por supuesto hubo oposición por parte de las organizaciones sindicales, entre ellas el Staj, que no imparten formación. Se ve que cuando es gratis no le sirve, pero si la hacen ellos pagando y afiliándote, entonces es legítima.
Por completar la información acerca de la formación impartida por los sindicatos añadiremos que desde 2015 ya no tenemos la posibilidad de impartir formación continua homologada para las Administraciones Públicas y que año tras año participamos en los concursos, junto al resto de sindicatos, a las academias, etc, para la impartición de formación y año tras año seguimos impartiendo formación, subvencionada, gratuita y para personas afiliadas y no afiliadas, con certificación de dichos cursos por parte del Servef.
El Staj ha hecho en esta ocasión lo que ha marcado su línea de actuación en los últimos años, mentir o tergiversar la información, manipulando la que hay y omitiendo la que no le interesa, echar porquería encima de sus contrincantes, el año que viene son las elecciones sindicales en Valencia, y erigirse en los salvadores de quien más votos quiere conseguir.
El Staj, un sindicato sin escrúpulos, sin ningún tipo de ideología ni inquietud social, que no trabaja más que para sí mismo, pero al que no hemos visto jamás reclamando ningún tipo de mejora social. Un sindicato que no se involucra en la mejora general de la economía ni el bienestar de las personas que no sean ellos y ellas mismas. El sindicato que estaba en contra del Plan de Igualdad en un colectivo formado en su mayoría por mujeres y que llegó a pedir un Plan de Igualdad para los hombres durante la negociación; que nunca ha participado en las reivindicaciones de las mujeres ni en la de ninguna minoría excluida o marginada. El sindicato al que el día del Orgullo le da grima y escalofríos…
El sindicato que no ofrece más que una gestoría de papeles, “pídelo que yo te lo presento”. Cuántas de esas cosas pedidas han conseguido? O sólo quieren que les debas favores?
El sindicato que no te da formación, sólo te vende la que dan otros..
El sindicato que no tiene asesoría jurídica y prepara sus propias demandas que luego firma un abogado o abogada a cambio de las costas. Así les va luego…
Este el sindicato que ahora pretende darnos lecciones de honradez y moral. Sin palabras…mejor no añadir nada…


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Teletrabajo: el punto de vista de compañeras de Justicia


5 jun 2020


Del teletrabajo llevamos tiempo hablando como herramienta eficaz para conciliar el trabajo con la vida familiar sin que hasta el momento ninguna Administración se haya tomado en serio esta opción. Ha tenido que venir una pandemia mundial para que podamos empezar a valorar todos los aspectos positivos que tiene pero desgraciadamente va a pasar tiempo para que sea un realidad. CCOO apuesta por el teletrabajo y, por eso, pedimos a la Administración una mesa de negociación para regular el mismo. El teletrabajo es un futuro cada vez más cercano y hay que apostar por él. 
A continuación reproducimos las reflexiones que nos han hecho llegar unas compañeras de los Juzgados de 1ª Instancia nº 1 y 5 de Gandia sobre las experiencias que han tenido con el teletrabajo, esperemos que la Administración tome buena nota y podamos seguir avanzando en este sentido:

"Esta mañana será probablemente la última que pueda desempeñar mi labor de Gestora procesal del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gandía desde mi casa. Siento que es importante dejar constancia de esta breve experiencia con el teletrabajo que disfrutamos las compañeras de mi Juzgado y las del Juzgado de Instancia nº 5 que tengo enfrente, que son los únicos casos que conozco, al no informarse de la cantidad de trabajadores que estábamos conectados a la VPN. Aunque nadie de la administración -ni incluso mis propios jefes directos- me lo hayan preguntado, no me resigno a que las experiencias de los que hemos estado utilizando voluntaria y responsablemente esta opción se queden en meros comentarios de una terraza del bar.

Pero hagamos historia. Cuando se proclamó el estado de alarma vi que mis hermanos, funcionarios de administraciones locales y autonómicas, se pusieron desde el primer día a teletrabajar funcionando a pleno rendimiento. Mientras tanto, Justicia paralizó las actuaciones y plazos procesales, continuándose solo la actividad de las actuaciones urgentes. En este primer mes en mi Juzgado sólo acudía una persona diariamente para atender estas urgencias, mientras el resto de la plantilla estaba sin poder hacer nada, viendo cómo seguía aumentando el ya por si colapso que teníamos y escuchando cómo las autoridades sanitarias prescribían el teletrabajo en todas las empresas y administraciones.

Tuvimos que esperar un mes para que la Conselleria habilitara una VPN para la conexión remota de los funcionarios. Los Jueces y Magistrados ya disponían de ella meses antes y a tal fin se les habían facilitado ordenadores portátiles. Pero evidentemente, el Juez solo no es el Juzgado y, si no funciona el engranaje de todos los funcionarios y letrados de la A. de justicia, la rueda de la justicia no gira.

No se publicitó demasiado esta opción entre los Letrados de la A. de Justicia y muchos de éstos tampoco animaron a sus trabajadores a acogerse a él.  Alguna compañera de la Audiencia me comentó incluso que intentó solicitarlo y su jefe se lo denegó. Otros compañeros recelaban de su funcionamiento y de los requisitos técnicos que se precisaba y no quisieron pedirlo. Es por eso normal que pocos funcionarios empezáramos a teletrabajar. En nuestro caso, una minoría se animó con ilusión a explorar esta nueva opción y el resto de compañeras poco a poco se fueron sumando. Como resultado, nuestro juzgado y el de enfrente al completo empezamos a teletrabajar.

Los miedos a cómo iba a funcionar se disiparon pronto. Nos facilitaron el certificado digital y la instalación del acceso al escritorio remoto fue sencilla. El equipo de CETESI nos dio apoyo en todo momento y en breve vimos el escritorio de nuestra oficina al completo en nuestras casas y con nuestros equipos, cada una con la disponibilidad que tenía y que pusimos a disposición de la administración generosamente, al igual que la conexión de Internet y eléctrica. Podíamos hacer todo tipo de trámites (Cicerone, punto neutro, acceso cuentas,…), a través de carpetas compartidas en X o del grupo de WhatsApp que creamos consultábamos dudas al Juez y al LAJ, e intercambiamos información entre nosotras. ¡No me lo podía creer! ¡Estábamos trabajando por primera vez en equipo! ¡Y usando las herramientas del siglo XXI que usaba el resto del mundo!.

Nos desapegamos del papel y vimos los procedimientos judiciales exclusivamente desde la pantalla. Otro punto de vista totalmente diferente. El primer día no sabía por dónde empezar, pero por suerte comprobé que ya tenemos mucha documentación (demandas y escritos recibidos por Lexnet y nuestras propias resoluciones), disponibles de manera telemática. Así que empecé con los escritos pendientes de proveer. Sin el soporte del papel, tienes que ser más hábil manejándote con los PDFs y con las aplicaciones de la red, pero una libreta a mano y mucho orden te permiten trabajar de manera más precisa y rigurosa que en el Juzgado, al no tener las interrupciones constantes causadas por las llamadas de teléfono, preguntas de compañeros u otras distracciones. Aprendes a atender las consultas de los profesionales a través del correo electrónico particular de gva, a ir escaneando y preparando los días que vas al Juzgado la documentación que está en papel (exhortos, diligencias de los servicios Comunes, escritos de particulares,…)… Conseguimos en este mes que llevamos teletrabajando poner nuestro trabajo al día, a la espera de que se reaperturen los plazos y las vistas el próximo día 4 de junio. Para mí y para mis compañeras la combinación del trabajo presencial con el domiciliario es la fórmula perfecta para conseguir dos objetivos que creo son los prioritarios en estos difíciles momentos:

-Minimizar los riesgos de contagio de la Covid-19

-Seguir remontando el parón judicial que sufrimos y estar en condiciones de asumir con éxito la reapertura de los plazos procesales.

Es verdad que tener que funcionar en esta doble vía (digital en casa y en papel en el Juzgado), lastra y complica nuestro trabajo, pero mientras no se disponga del expediente digital, es un espacio que hemos de transitar.  Pero cada vez, especialmente en los expedientes más recientes que están totalmente digitalizados, me resulta más fiable la vía digital. Ahora, identifico más las resoluciones que grabo en Cicerone y, por supuesto, escaneo e incorporo todo lo que recibo en formato papel.  Creo que la tramitación del expediente poco a poco se va haciendo más clara y además está siempre accesible a todo el personal de mi Juzgado que precise acceder a ella, ya sea para atender al público mis compañeras o para resolver escritos o cuestiones el Magistrado o el LAJ.

Por todo esto me ha parecido tan frustrante que el Ministerio de Justicia haya decido prescindir de esta modalidad de trabajo (contraviniendo las resoluciones del Ministerio de Sanidad) y que la haya relegado a las personas que están exentas de los turnos presenciales. Me alegro que al menos ellas puedan seguir avanzando en su trabajo y al mismo tiempo cuidando de sus hijos, sus mayores o estén más protegidas si son vulnerables. Egoístamente, me alegro también de que sigan llevando sus expedientes y no repercuta sobre los demás su trabajo, aunque tengamos que darles soporte desde el Juzgado. Pero me apena que en Juzgados que al completo, valiente, generosa y voluntariamente, hemos empezado a teletrabajar ahora se nos frene de esta manera tan abrupta. Es totalmente desmotivante y desde luego nos hará replantear sumarnos en el futuro a nuevas iniciativas modernizadoras que nos vuelvan a proponer, vista la arbitrariedad de su duración. Eso confirma que la opción más cómoda de los que no se apuntaron al teletrabajo era la más inteligente.

Pero aunque hayamos sido pocos, creo que puede ser considerada cuanto menos la nuestra una experiencia piloto muy útil para seguir explorando la vía digital, hacia la que la Administración de Justicia parece por fin querer avanzar. En vez de habilitar turnos de mañana y tarde, creo que es mucho más económico y efectivo mantener el turno de mañana -con horario completo- y el teletrabajo. Aunque esta modalidad es verdad que no está regulada por la premura a que nos ha obligado el Covid19, sí se pueden estudiar fórmulas para que se pueda controlar el horario y sobre todo la productividad en casa. A mí, particularmente, una hora en casa me cunde el doble que en la oficina.  Aparte de estar con menos distracciones, puedo trabajar sin EPI y con la tranquilidad de que en casa mi riesgo de contagio -mío o hacia los demás- es 0. También está el hecho de que, desgraciadamente, son muy probables los rebrotes de la enfermedad y en cualquier momento podemos entrar en cuarentena o incluso infectarnos. Por ello, la opción digital desde el hogar se ha de tener muy presente.

Acabo felicitando a la Conselleria por la iniciativa del teletrabajo y su buen funcionamiento y solicito consideren la posibilidad de continuar simultaneándolo durante más tiempo con el trabajo presencial, en un porcentaje al menos del 50%, de manera que evitemos contagios innecesarios y gratuitos y podamos gestionar con éxito la reapertura de los plazos procesales y de la actividad judicial habitual."
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La Justicia en tiempo de Coronavirus. Crónica de un desastre anunciado.


12 may 2020



Dos meses de estado de alarma por Coronavirus. 60 días de ensayo-error donde se aprende poco de los errores y no se hace más que confundir a propios y extraños.

Desde que el pasado 12 de marzo el CGPJ dictó su primera resolución con instrucciones para afrontar el Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, hemos visto pasar decenas de instrucciones por las más diversas instituciones: Ministerio de Justicia, CCAA con transferencias, Secretarias de Gobierno, Secretarias Coordinadoras, Jueces Decanos, Letrados de Administración de Justicia, etc. El resultado es una compilación enorme de resoluciones que se van acumulando sin que aclaren las directrices que se actualizan día a día. La primera norma del CGPJ sirve para los servicios esenciales pero que han ido actualizando por otras, teniendo que estar atento para no perderte en las resoluciones. En el Registro Civil las normas las dicta el Ministerio pero con los servicios esenciales del CGPJ. En los servicios mínimos han metido mano todo el mundo sin que ya se sepa quién tiene la competencia. La Comunitat Valenciana ha dictado varias resoluciones sobre servicios mínimos, ahora no. Ha probado suerte la Comisión Autonómica de Seguimiento y, ahora tampoco. Ahora hacemos caso al Ministerio pero la Consellera decide que hagamos un horario sin pies ni cabeza y lo más grave, sin ninguna resolución que lo avale.

No sería mucho más racional y eficaz que las resoluciones vinieran de pocas instituciones y, si es posible, consensuadas. Que las resoluciones que se fueran dictando fueran derogando a las antiguas y recogiendo en las nuevas la totalidad de normas aplicables. No sería deseable que se dejara capacidad de maniobra en los sitios donde no se ajusten los estándares judiciales y se dejara claro quién debe de tomar las decisiones. ¿Es el sentido común, el menos común de los sentidos?

Existe un problema estructural de desgobierno de la Justicia donde muchos colectivos quieren tener la voz cantante y ver reconocidos sus intereses por encimas de otros colectivos e incluso del propio servicio público, son reminiscencias de otras épocas en donde más que funcionarios al servicio de la ciudadanía eran autoridades con demasiado poder. Y en estas épocas convulsas salen a la luz esas contradicciones y esas luchas de poder que paralizan la Justicia y la anclan al pasado. Ese pasado desde donde no puede avanzar hacia un servicio por y para la ciudadanía, donde se ofrezca un servicio moderno y eficaz acorde a los tiempos, como sí han hecho otras administraciones como Hacienda.

En los momentos donde más unidos teníamos que estar entre todos los colectivos que pintamos algo en la Justicia, más se notan las grietas de un edificio grande y viejo que ya no admite más lavados de cara. No se admiten puntos de vista distintos fuera del clasismo de determinados colectivos que quieren seguir conservando su poder en un sistema piramidal, donde los y las funcionarias de justicia no podemos aportar soluciones en un sistema anquilosado.

En vez de unidad y claridad de criterios, eficacia en la prestación del servicio público y seguridad laboral en la prestación del mismo, tenemos discrepancias, descoordinación, confusión y a la larga más de lo mismo, no se ve una salida del túnel. Esta Administración de Justicia necesita un cambio de arriba a abajo pero no hay nadie que coja el toro de los cuernos para realizar las reformas estructurales que necesitamos. Conseguirá el Coronavirus un cambio de mentalidad que arrastramos desde tiempos inmemoriales…
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Contra el síndrome de Diógenes ¡Expurgos a cascoporro!


13 feb 2020


El problema con los archivos en Justicia es del pleistoceno, acumulación de expedientes, de piezas, de vehículos, etc…CCOO lleva toda la vida denunciando una mala organización y una falta de coordinación impropias de un país desarrollado.

Este es uno de los males endémicos de la Justicia que vuelve a ser de actualidad con la publicación en el DOGV de la Creación SCP Archivo Judicial Territorial de laComunitat Valenciana, Depósito de Piezas de Convicción y vehículos. Este parece ser un primer paso para poner un poco de cordura en el maremágnum de los archivos de la Justicia Valenciana que, a día de hoy, parecen el paraíso de los amigos del síndrome Diógenes.
Pero no sólo hace falta coordinación y organización, bienvenidas sean, hay que darle salida a miles de toneladas de expedientes que se acumulan por archivos, cuartos y almacenes. Para qué existe una Junta de Expurgo, que cobran sus buenos complementos, si no es para analizar los expedientes que por su antigüedad deben destruirse y que colapsan el sistema.
Las piezas de convicción conllevan un problema parecido pero no idéntico, es cierto que se acumulan en los archivos de todos los Juzgados, es una responsabilidad de los y las Letradas que la mayoría obvia, ojos que no ven…La solución es sencilla, organización, hay que decidir sobre las piezas ya depositadas si se detruyen o devuelven, ya que han acabado los procedimientos, o siguen archivadas pendientes de juicio. Lo mismo pasa con los vehículos depositados pero con el agravante que nos cuestan un pastón a la ciudadanía ya que se depositan en almacenes privados, un poquito de por favor, NO con nuestros impuestos.
Urge crear un protocolo para que Jueces y Magistrados decidan sobre las piezas de convicción y vehículos depositados en las Sentencias o en los Autos de ejecución y así dejar de acumular auténticas toneladas de mierda por la dejadez de unos y otros.
¡A quien corresponda! Es urgente la destrucción de expedientes y dar destino a piezas y vehículos. Si es por falta de personal que se ponga más, si es por falta de ganas que se cambien las Juntas de Expurgo y si no, Señores de la Junta y Letrados responsables: HAGAN SU PUÑETERO TRABAJO



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La gestión de la Consellera Bravo entre el desastre y la decepción


12 feb 2020



Casi cinco años de gestión de la Sra. Bravo y la balanza de las pifias pesa más que sus aciertos pudiéndose calificar su gestión casi de desastrosa:

- El proyecto estrella de la Consellera, la Nueva Oficina Judicial, paralizado desde hace 3 años.

- Los enormes carteles publicitarios anunciando más de 200 millones en infraestructuras no son más que humo, no hay ningún edificio en construcción sólo estudios en estos cinco años.

- Los fallos en seguridad han hecho que se gaste una millonada en resolver problemas en vez de haberlos prevenido, sobre todo en la Ciudad de la Justicia, incendios, fugas de presos, ascensores y climatización estropeadas, problemas con los desfibriladores (donde hay), etc.

- Se iba realizar una gran inversión para acabar con el papel en los Juzgados, y no sólo se ha aumentado exponencialmente al imprimir demandas privadas (con dinero de las y los contribuyentes), sino que los problemas informáticos paralizan el trabajo de las y los funcionarios y colapsan la Administración de Justicia.

- Se anunciaron a bombo y platillo medidas contra la violencia de género creando oficinas a ayudas a las víctimas pero se provincializan los Juzgados de violencia trasladándolos a todos a Valencia y alejando así la Justicia de las víctimas.

- Se triplicó el gasto en refuerzos pero siguen faltando en sitios donde se necesitan como, por ejemplo, la Pobla de Vallbona, pero claro, como es un simple Juzgado de Paz se le puede quitar el refuerzo, y en cambio se aumentan en sitios donde no hacen falta pero donde si hay mucho poder judicial político.

Después de 20 años de gobierno del PP con una parálisis total de la Justicia (con obras faraónicas pero pocos medios en los Juzgados) y con poca o nula negociación y falta de sintonía con los y las trabajadoras de la Justicia, esperábamos que un gobierno progresista abordara los acuciantes problemas de Justicia con negociación y diálogo. Al final nos hemos encontrado con que la actitud personalista de la Consellera, que durante el último año se ha quitado la careta, ha despreciado la labor de sus equipos de trabajo y los ha echando a los leones por sus propios fallos. Para más inri ha encabronado a titulares e interinos (negociación de la Carrera y de la bolsa de trabajo) dejando la negociación con los representantes del personal al mínimo cuando al principio de legislatura se autoproclamaba garante del diálogo y el consenso.

La Consellera Bravo mantiene una postura poco dialogante y autoritaria con los actores de la Justicia, elitista por plegarse a las imposiciones del poder, desleal con sus equipos de trabajo y con un excesivo protagonismo que raya el culto a la personalidad, actitudes todas ellas decepcionantes para una alta representante de un gobierno progresista. Un buen gestor o gestora pasa desapercibida trabajando para la ciudadanía a la que sirve, tome nota Sra. Bravo.

Artículo prensa
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La Consellera y los “diez negritos”


21 ene 2020


Y no quedó ninguno…
Es la parte final de la famosa obra de Agatha Christie “Diez negritos”, y no hacemos spoiler si decimos que en la novela no queda ni el tato.
Pues bien, la Conselleria de Justicia podría ser la figurada mansión donde se desarrolla la trama. La Consellera no es conocida por mantener equipos de trabajo y a los hechos nos remitimos:
Al principio de la anterior legislatura contó para la implantación de la Nueva Oficina Judicial con Paco Cabo y José Juan Tomás, unos profesionales que en el Ministerio de Justicia ya habían estado desarrollando la Oficina Judicial, y que abandonaron el barco al ser continuamente cuestionados y no tener la “confianza” de la Molt Honorable.
La Directora General de Justicia Mª Angels García no duró ni dos años ...
El Secretario Autonómico Ferrán Puchades acabó a duras penas la legislatura harto de no contar en las decisiones importantes de la Conselleria.
La siguiente Directora General Verónica Ramón aguantó como pudo por dignidad personal y se ha comido todos los marrones habidos y por haber, sobre todo una vez que se ha ido de la Conselleria y no puede defenderse ya.
En fin que muchos incentivos tiene que ofrecer para que cualquier profesional competente quiera formar parte de sus equipos de trabajo ya que el final está claro (spoiler) Y no quedó ninguno…
Y ahora quiere acabar con la tribu entera!!!
Pues en el mismo sentido ha comenzado el trato a todos y todas aquellas que componemos el resto de la tribu de justicia.
Se carga el Acuerdo de Carrera Profesional y nos lleva a un Pacto que supone mucho menos compromiso y, por supuesto, mucho menos dinero…
Se carga la bolsa de trabajo negociada y nos impone una nueva que cambia, sustancialmente, los requisitos de acceso…
Tenemos firmado, pero sin que se haya hecho efectivo, el pago íntegro de las sustituciones, la subida de 12€ en el específico para el cuerpo de auxilio, el protocolo contra el acoso laboral y algunas cosas más.
¿Qué será lo próximo?
¿Es todo este tipo de hechos, de actos y de actitudes lo que nos tiene que hacer confiar en las palabras de la Consellera y en la gestión de la Conselleria?
Pues vamos mal, porque confianza, lo que se dice confianza…nos inspira muy poca.
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La Consellera de Justicia: cara y cruz


17 oct 2019



En octubre de 2015 la Consellera de Justicia en Mesa de Negociación nos manifestó “la importancia del colectivo de funcionarios y funcionarias dentro de la Administración de Justicia y su disposición a contar con nuestras propuestas y a discutir nuestras reclamaciones”.

A día de hoy estas palabras son papel mojado y durante estos cuatro años nos lo ha demostrado.

Administración y organizaciones sindicales acordamos un calendario de negociaciones para tratar temas como la implantación de la Carrera Profesional, la nueva Oficina Judicial, la regulación de permisos y vacaciones, una nueva bolsa de trabajo, protocolos de acoso laboral y sexual, etc… y para ello participamos en más de 60 mesas de negociación en dos años y medio.

Toda esta vorágine de negociación acabó en el momento en que el Ministerio de Justicia paralizó de motu propio la implantación de la NOJ al no aprobar las RPT’S que les mandó la Conselleria.

Desde ese momento la negociación ha sido mínima y se aplica la política de hechos consumados. De la colaboración total de principio de legislatura a “no contamos con vosotros para nada” han pasado cuatro años y por lo visto ha sido en base a “por el interés te quiero Andrés”, no hay NOJ no hay interés por el bienestar del personal de Justicia.

En la Conselleria de Justicia en vez de poltronas hay asientos de eyección porque parece ser que todo aquel que le lleva la contraria a la Sra Bravo toma las de Villa Diego.

A la vista de este panorama y de las estrecheces presupuestarias, esta nueva legislatura, que empezó en junio, se prevé muy oscura y se va a tener que pelear muy duro por cada mejora para el colectivo.

CCOO, como siempre, vamos a estar en esa lucha, negociando siempre que se pueda y en las movilizaciones si es necesario.
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Siete razones contra la privatización del Registro Civil


27 jul 2014


Por Javier Martínez del Moral, notario
Publicado en www.infolibre.es 24/07/2014

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales décimonovena a vigésimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. ES INCONSTITUCIONAL

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.
Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

2. ES INMORAL Y VIOLA LA LEY DE CONFLICTO DE INTERESES

Los artículos 4 y 7 de la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses impiden al presidente del Gobierno (registrador titular de Santa Pola), al ministro de Justicia (por parentesco) y al director general de los Registros (registrador) tomar decisiones sobre cuestiones registrales. También son registradores el subdirector general y los tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el desarrollo de los proyectos.
Resulta objetivamente inmoral que la norma haya sido confeccionada por los beneficiarios de la privatización. Y doblemente inmoral que con estos antecedentes se acuda al decreto ley para obtener la menor transparencia posible. Estamos ante un evidente caso de captura del regulador que alcanza todo el proceso político de gestación de la norma: se cocina por registradores en la Dirección General de los Registros; se presenta por el ministro con parientes en el ramo y se aprueba por el registrador de Santa Pola.

El descaro con el que actúa el lobby registral sólo tiene explicación desde la impunidad acreditada de que gozan en la actualidad. Resulta absolutamente obligado, por puras razones de higiene democrática, abrir una investigación global sobre las iniciativas de la Dirección General y del Ministerio de Justicia para favorecer a este influyente colectivo.

3. REVELA UNA REALIDAD SORPRENDENTE QUE DEBE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Poco deben trabajar los registradores mercantiles y mucho ganar cuando –sin despeinarse– pueden absorber todas las funciones del Registro Civil, además del Mercantil, y financiar su puesta en marcha con los excedentes del arancel mercantil.

El arancel registral tiene naturaleza tributaria y se regula en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Resulta inaplazable conocer los costes del Registro Mercantil y de la Propiedad: lo que ingresan, los costes laborales, demás costes operativos y el beneficio registral... TRANSPARENCIA en la aplicación de las retribuciones tributarias frente a la actual opacidad.

4. ES ECONÓMICAMENTE INVIABLE Y ALTAMENTE INEFICIENTE

La UE no permite que se perciba arancel por la publicidad mercantil y, mucho menos, que las tasas del Registro Mercantil sirvan para financiar el Registro Civil de los ciudadanos españoles.

La Directiva 2009/101/CE (artículo 3quater) limita las tasas por acceso al Registro Mercantil a su coste administrativo y obliga a poner a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita numerosos datos de las sociedades de la UE.

La fecha máxima prevista para su transposición por los Estados miembros era el 7 de julio de 2014, dos días después de la entrada en vigor del decreto ley.

El Gobierno podía cumplir con las exigencias de la directiva aprovechando el decreto ley, pero eso perjudicaba a los registradores, por lo que obvió su obligación y les entregó el Registro Civil en términos incompatibles con el efecto directo vertical que tiene la directiva, al haber expirado el plazo de transposición. Esto significa que los particulares pueden invocar la directiva frente a la facturas registrales y denunciar al Estado ante los tribunales.

El escaso recorrido que tiene el sistema de financiación que establece el decreto ley nos hace temer que entre bastidores existan diversas alternativas previstas para eliminar esa gratuidad y hacer de la corporación del Registro Civil un organismo poderoso y altamente rentable para el colectivo registral.

Si atendemos a las que ya figuraban en el proyecto de reforma integral, anticipo con ánimo premonitorio las siguientes:

1º. La Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, crea el Código Identificador de Entidad, sólo exigible a sociedades financieras. El arancel registral mercantil es de 100 euros por el alta y 50 al año por “mantenimiento”.

Si este Código se establece de forma obligatoria para los cuatro millones de sociedades activas, se obtendrían 400 millones de euros por el alta y 200 millones al año por mantenimiento. A repartir entre los 110 registradores civiles y mercantiles.

Conviene apuntar que esta Orden es ilegal, porque la DA 3ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos exige decreto conjunto de Hacienda y Justicia.

2º. Incrementar el número de actos inscribibles en el Registro Civil y exigir arancel por los mismos (poderes, autorizaciones, consentimientos, revocaciones, etc).

3º. Incrementar el arancel registral. Existe un borrador que aumenta el arancel más del 300%.

4º. Cobrar por el tráfico intrarregistral de información. Es decir, un Registro Mercantil o de Propiedad hace una consulta al Registro Civil y la paga. A continuación la repercute en el cliente en concepto de suplidos. Este sistema se está utilizando hoy para las consultas que los Registros de la Propiedad hacen al Registro Mercantil.

No se olvide, por otro lado, que el Registro Mercantil funciona de forma monopolística y esta estructura es económicamente ineficiente para gestionar un registro con información sensible de todos los ciudadanos. La igualdad que debe presidir las relaciones entre la administración y el administrado se convierte en cautividad del administrado, quien racionalmente va a evitar todo lo que pueda servir para enfurecer al registrador, como por ejemplo una reclamación de honorarios privados, porque antes o después tendrá que volver a pasar por la caja registradora y depender del criterio de calificación condicionante de su pretensión, sin posibilidad de elección y sin que existan (contra el miedo) verdaderos mecanismos preventivos o paliativos eficaces.

El remedio a este desaguisado sólo puede ser someter el registro a tasa, como ocurre en toda la Unión Europea, impidiendo que los registradores capturen los excedentes del arancel de los Registros de la Propiedad, Mercantil y Civil, dado que no ejercen como profesionales y sólo desarrollan una función pública.

5. LA INCAPACIDAD DE LOS REGISTRADORES PARA LLEVAR REGISTROS ELECTRÓNICOS

Gallardón atribuye la propiedad del sistema informático y el control de los datos de documentos tan sensibles, en términos de protección de datos, como son los referentes al Registro Civil, al colectivo menos apropiado, puesto que decenas de registradores diseminados por todo el territorio nacional han sido condenados por la Agencia de Protección de Datos por la explotación comercial incontrolada de datos de los ciudadanos, sin atender el deber de secreto.

El Colegio de Registradores ha sido incapaz de poner en marcha en varios lustros un registro de condiciones generales de la contratación que les entregó el Gobierno de Aznar (con Rajoy sentado en el Consejo de Ministros, en 1999) que ha estado más de diez años inoperativo y, en la actualidad, carece de sistemas apropiados de búsqueda y escaso o nulo valor publicitario.

Dos leyes en 2001 y 2005 imponían sin demora a los registradores también la digitalización del contenido del registro y la puesta en marcha de un acceso on line a los libros registrales. Más de diez años después persiste el incumplimiento, que genera graves problemas a los usuarios y reduce enormemente la fiabilidad del sistema registral. 

Las capacidades tecnológicas del Colegio de Registradores español dejan mucho que desear. La inmensa mayoría de los países iberoamericanos y europeos cuentan con un sistema registral infinitamente más moderno, tecnológico y eficaz que el rancio registro español; y ello pese a que el arancel registral se elevó en 1989, según su decreto regulador, para sufragar la informatización de los registros. Los ciudadanos han pagado y demandan ese acceso on line.

Si de lo que se trata es de premiar al Colegio de Registradores por incumplir la Ley de acceso on line con fines crematísticos y comercializar datos protegidos de los ciudadanos violando la legislación de protección de datos o si de lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a quienes no han sido capaces de diseñar un registro de condiciones generales fiable en los últimos quince años, el decreto ley que les entrega el registro civil tiene su explicación.

6. FAVORECE A UNA CORPORACIÓN PARTICIPADA POR LOS REGISTRADORES

El sistema informático del Registro pasa a pertenecer a una agencia o corporación pública donde participan los registradores a título individual. Esto es una privatización en toda regla de los sistemas de tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos, que van a quedar bajo el control de terceros que operan con personal que no está sometido al estatuto y disciplina funcionarial.

La corporación propietaria, de la que nada se nos dice, sabemos que en el plazo de tres meses firmará los contratos del sistema informático. En ese plazo tienen que salir a concurso el sistema y haberlo adjudicado. Y las empresas deben estudiar las condiciones y ser capaces de disponer del sistema desarrollado para su implantación. Algo que parece imposible para quien no cuente anticipadamente con información privilegiada.

7. OPACIDAD AL ELEGIR LA SUMINISTRADORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO

La asociación de registradores AIREG denuncia en su web que la empresa a la que el decreto ley encomienda la contratación del sistema informático (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) fue la adjudicataria del 90% de los contratos sin publicidad otorgados a dedo del Ministerio de Defensa. Mal empieza el proceso de selección cuando internamente se duda de la imparcialidad del que tiene que elegir al beneficiario del megacontrato.

Esta misma asociación ya denunció también que la empresa Futuver SL., cuya sede en Madrid se encuentra en el edificio de los Registros, fue adjudicataria a dedo de los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad. En este caso se trata de un contrato de muchos millones de euros; en la España del pelotazo nos tememos lo peor.

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