CCOO denuncia la tardanza en la cobertura de plazas por parte de la Consellería

CCOO lleva denunciando desde hace meses la tardanza en las coberturas de plazas por parte de la Consellería, ya sea la cobertura de plazas por bajas o por comisiones de servicio, lo que en la práctica significa un retraso de meses en mandar personal interino con lo que supone un mal funcionamiento de los Juzgados y una sobrecarga de trabajo para los que soportan los retrasos y una pérdida de derechos para los que no pueden ir a sus comisiones de servicios por no poder cubrir su puesto de trabajo provisionalemente.

Esta denuncia casualmente coincide con el anuncio de la Conselleria de publicar la constitución provisional de la bolsa de trabajo, cosa que esperemos que ayude a solucionar el problema pero mientras este el siempre socorrido "estamos a la espera del visto bueno de habilitación de Hacienda" no vemos una solución real del asunto. La Conselleria debe mejorar los ratios de espera entre la petición de una plaza y la cobertura efectiva de la misma, los plazos deben de ser lo menos posibles. Es lo justo y es de justicia.

A continuación dejamos los enlaces a la nota de prensa y a la recogida de la noticia por la prensa.

Enlace a la nota de prensa de CCOO

Enlace a la noticia recogida en la prensa

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Función Pública desprecia el diálogo social. CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

 

26 de octubre: Mesa General de las y los empleados públicos

Nota de Prensa del Área Pública de CCOO

Función Pública desprecia el diálogo social

CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

En la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde de hoy, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dice estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna: la subida salarial del 0,9% y la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El sindicato ha denunciado la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros

Igualmente, denuncia el incumplimiento, por parte de todas las administraciones, AGE, CC. AA. y FEMP, del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Por ello, CCOO ha demandado que se cumplan íntegramente los compromisos y ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

En este sentido deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años. Además, se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas

CCOO ha recordado que se ha dirigido de manera constante, desde el inicio de la legislatura, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública poniendo de manifiesto la situación de los acuerdos, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo de legislatura y haciendo llegar las propuestas del sindicato al respecto. Estas giran en torno a 3 ejes: 

• Compromiso en la mejora y defensa de los servicios públicos como garantía para los derechos de la ciudadanía. Es indiscutible su papel protagonista en la reconstrucción del país

• Recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, y mejora de sus condiciones laborales

• Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial, y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación

Además, el sindicato considera necesario tratar de forma prioritaria las siguientes materias:

- Empleo, estabilización y consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%. Son necesarias modificaciones en el EBEP y en Estatuto Marco para causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral. Es inaceptable que, ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado

- Jornada laboral, haciendo real y efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores

- Clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP

- Carrera profesional

- Clases pasivas, para la mejora de las bases de cotización a partir del grupo A2

- Planes de igualdad y protocolos de acoso

- Procesos de digitalización en las administraciones públicas

- Formación

- Salud laboral y prevención de riesgos laborales

- Desarrollo del EBEP. Ley AGE y leyes CC. AA.

A pesar del desprecio a la negociación demostrada en la Mesa General, CCOO está dispuesta a abordar y negociar todas estas materias. No obstante, exige el establecimiento urgente de un calendario y del inicio de las negociaciones. De forma inmediata se debe incluir en los PGE lo antes planteado en relación con el aumento de las plantillas, el incremento retributivo y la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición

De no cumplir las diferentes administraciones los acuerdos y no iniciarse los procesos de negociación comprometidos, CCOO anuncia que habrá continuas movilizaciones

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CCOO denuncia la falta de cobertura de bajas por personal interino

El Sector de Justicia de CCOO PV denuncia la falta de implicación de la Sra. Bravo en el buen funcionamiento de los Juzgados de la Comunidad Valenciana.

Diferentes medios de comunicación han recogido la denuncia de CCOO sobre la falta de cobertura de bajas en la Administración de Justicia entre otros destacamos:

Noticia de la Vanguardia

Noticia El Levante

Nos estamos encontrando con situaciones verdaderamente vergonzosas. A día de hoy, por ejemplo, el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Gandía se encuentra con sólo la mitad de la plantilla.

La falta de cobertura de las bajas por enfermedad y el retraso en la apertura y puesta en funcionamiento de la bolsa, está provocando que situaciones como la que se está viviendo en ese Juzgado impidan, de forma evidente, que se pueda dar la respuesta rápido y eficaz que la ciudadanía se merece en sus relaciones con la Administración de Justicia.

En un momento como el actual,  tras la larga suspensión de los plazos procesales sufrida durante el confinamiento a causa del Covid 19, con un programa informático obsoleto, el teletrabajo sin regular y la Bolsa de personal interino vacía, los Juzgados de la Comunidad Valenciana se encuentran en sus horas más bajas, intentando afrontar, con una enorme frustración, la puesta al día del trabajó que se acumuló en su momento, del nuevo que entra cada día y con el temor al aluvión de nuevos procedimientos que se esperan en el momento en que cesen las ayudas económicas del gobierno para el sostenimiento del empleo y las empresas.

Hoy, más que nunca, necesitamos el compromiso claro y la apuesta de la Consellera de Justicia por el sostenimiento de los órganos judiciales, la cobertura de todas las plazas vacías, lor órganos judiciales necesitan con urgencia tener el personal al completo, y dar un verdadero empuje a la modernización de la justicia con programas informáticos rápidos y eficaces y una regulación del teletrabajo que permita afrontar el reto que supone la actual situación de pandemia y las distintas consecuencias que puede ir provocando.

 

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Nota de Prensa: los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

Los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

CCOO, UGT y CSIF se han dirigido por escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública reclamando la apertura inmediata de la negociación de un tercer Acuerdo que garantice entre otros, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleo público para erradicar los déficits estructurales en las plantillas de las distintas Administraciones Públicas

Madrid 22 de octubre de 2020

Los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública demandan el cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en los mismos

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precariedad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas por la tasa de reposición

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesional, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave digital

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la sra. ministra que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le obliga. Así como ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio

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Noticia publicada en un medio de comunicación: el Pacto de Toledo rechaza 'meter tijera' en la jubilación de los funcionarios

Publicado en los medios de comunicación hoy (en cursiva la noticia copiada literalmente):

"Seguridad Social asumirá su gestión en octubre

El Pacto de Toledo rechaza 'meter tijera' en la jubilación de los funcionarios

Los partidos excluyen la reforma del sistema de clases pasivas de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad a futuro de la Seguridad Social y acallan los rumores de recortes de los últimos meses

El colectivo de en torno a un millón de funcionarios que a día de hoy continúa encuadrado en el Régimen Especial de Clases Pasivas - el sistema especial de protección social para empleados públicos cuyas puertas de entrada se cerraron en 2011 para encauzar a todos los nuevos funcionarios hacia el Régimen General de Seguridad Social- puede respirar tranquilo. El Pacto de Toledo ha venido a acallar los rumores y especulaciones que apuntaban a un posible cambio inminente en sus condiciones de acceso a la jubilación y ha excluido la potencial reforma de este régimen especial del catálogo de medidas que los partidos políticos ya han comenzado a negociar para evacuar lo antes posible sus recomendaciones para garantizar la sostenibilidad futura a medio y largo plazo del sistema publico de pensiones

Según confirman fuentes de la comisión parlamentaria, la posible reforma del Régimen Especial de Clases Pasivas no formará parte de las deliberaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda y concreción de las recetas que conduzcan al sistema de Seguridad Social a un equilibrio a largo plazo. Es más, según estas mismas fuentes, el asunto ni siquiera ha sido puesto sobre la mesa ni por el Gobierno ni por ninguna de las formaciones parlamentarias presentes en la comisión, al contrario de lo que sucedió en la tortuosa última ronda de negociaciones en la que el Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Fátima Báñez, instó a la comisión a explorar posibles soluciones para un régimen de protección social deficitario y que además ampara algunas situaciones de agravio comparativo respecto al Régimen General de la Seguridad Social

En los últimos meses las especulaciones y la sensación de inquietud de los empleados públicos en torno al futuro del sistema de jubilación del régimen de clases pasivas se han disparado al calor de una decisión administrativa aparentemente inocua: el traspaso de la gestión del régimen desde la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda, que tradicionalmente se ha encargado de la misma, hacia el nuevo Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá. La medida se presentó como una decisión meramente funcional, que perseguía concentrar por primera vez en un único departamento ministerial la gestión de todos los sistemas públicos de pensiones, los que agrupan a los trabajadores del sector privado y el de los empleados públicos. Sin embargo, en el ámbito de la Función Pública hubo actores que interpretaron el movimiento como un primer paso para la integración del Régimen Especial de Clases Pasivas en el Régimen General de la Seguridad Social, una maniobra que ya se intentó en 2011 cuando las estrecheces presupuestarias obligaron al Ejecutivo a replantearse absolutamente toda la gestión pública

Los intentos por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, incluso del ministro José Luis Escrivá en primera persona, por calificar esas especulaciones como 'bulos' y por descartar cualquier cambio inminente en el sistema como consecuencia de la asunción de las competencias sobre el mismo - que debería concretarse este mes de octubre - no han terminado de convencer entre los empleados públicos, que han seguido recibiendo desde canales no oficiales advertencias sobre la intención del Ejecutivo de meter la tijera en su privilegiado régimen de jubilación, en el que se encuadran funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas de Seguridad y de las Cortes , incluidos altos cargos políticos, como expresidentes o exministros

El 'chollo' de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión

Cuando el Ministerio de Trabajo de Fátima Báñez instó al Pacto de Toledo a darle una vuelta al futuro del Régimen Especial de Clases Pasivas se apoyó en dos argumentos principales. El primero era que el sistema era deficitario para las arcas públicas y que, además, esa brecha iba creciendo con el tiempo ya que el incremento de los perceptores de prestación - 652.905, según el último dato del mes de julio- no se compensa con un mayor volumen de aportantes, ya que la puerta de entrada al régimen se cerró en el año 2011. Es decir, que se trata de un régimen de gasto creciente e ingresos menguantes

El segundo que amparaba una serie de situaciones que generaban un agravio comparativo con los trabajadores del Régimen General. La más flagrante, la posibilidad que tienen los empleados públicos adscritos al Régimen Especial de Clases Pasivas de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión, sólo acreditando 30 años de carrera profesional. Hay que recordar aquí que en el Régimen General te puedes jubilar como muy pronto a los 65 años y tienes que acreditar 37 años cotizados. Este factor es el flanco que más preocupa a los adscritos al sistema. En un contexto político en el que el objetivo declarado es retrasar la edad real de jubilación un año para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, un régimen que permite jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión se puede percibir como una anomalía

El escenario viene agravado por la utilización intensiva de esa posibilidad de la jubilación voluntaria por parte de los empleados públicos adscritos a ese régimen. Casi tres de cada cuatro jubilaciones en clases pasivas se producen antes de los 65 años. En el último ejercicio para el que se tienen datos, el de 2018, de los 24.443 empleados públicos que se jubilaron ese año, más de 17.000 lo hicieron utilizando la vía voluntaria para jubilarse antes de los 65. Sin penalización alguna por la maniobra, la pensión media de los empleados en clases pasivas ronda los 1.700 euros, mientras que los jubilados del Régimen General tienen una pensión media que no llega a 1.200 euros."

Nota: los subrayados son nuestros

Enlace a esta noticia

COMENTARIOS DE CCOO SOBRE LAS MENTIRAS DE ESTA NOTICIA O LA DESINFORMACIÓN INTERESADA O NO DE LA MISMA (el comentario sí es nuestro)

1.- Dice el texto de la noticia que comentamos: "que además ampara algunas situaciones de agravio comparativo respecto al Régimen General de la Seguridad Social. "

Comentario de CCOO: Las diferencias entre ambos regímenes de jubilación (Seguridad Social y Clases Pasivas) no se limitan a poder jubilarse de forma anticipada a los 60 años en el segundo de estos regímenes, mientras en el primero la edad para la jubilación anticipada es, en la actualidad, como muy pronto, a los 63 años (2 años antes de la fecha en que corresponda según los años cotizados)

Otra diferencia también muy importante, que no se cita en la noticia, y parece que se olvida de forma interesada, es que en el Régimen General de Seguridad Social, el cálculo de la pensión se hace sobre los últimos 25 años, mientras en el de clases pasivas se hace sobre toda la vida laboral (los 35 años exigidos para alcanzar el 100 % del haber regulador)

Otro olvido de la noticia publicada (intencionado o no, pero como mínimo que genera mucha confusión), es que mientras en el Régimen General de SSocial, la cuantía de la pensión se calcula sobre las cuantías de la base reguladora que incluye todas las cantidades percibidas (especialmente importante para los grupos de titulación desde A2 para abajo) mensualmente, en la de Clases Pasivas, la cuantía de la pensión se hace sobre el denominado Haber Regulador, cuya cuantía es siempre muy inferior a las cantidades realmente percibidas. Por tanto, la cuantía de la pensión del Régimen General de SSocial es muy superior sobre la de clases pasivas, para personas con el mismo nivel de titulación y salarios brutos iguales

2.- Expresa la noticia también: El 'chollo' de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión (...) la posibilidad que tienen los empleados públicos adscritos al Régimen Especial de Clases Pasivas de jubilarse a los 60 años con el 100% de la pensión, sólo acreditando 30 años de carrera profesional

Comentario de CCOO: Si se refiere como chollo jubilarse a los 60 años con el 100 % de la pensión con 30 años de cotización, o el medio de comunicación desconoce el sistema de clases pasivas, o lo conoce y miente de forma deliberada

Porque este sistema de clases pasivas no permite jubilarse a los 60 años con el 100 % de la pensión, si se ha cotizado solo 30 años

Para alcanzar el 100 % de la pensión a los 60 años, jubilándose anticipadamente, se necesitan 35 años de cotización, pues en caso de hacerlo con solo 30 años (ver art. 31 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, legislación consolidada), solo se alcanza el 81,73 % del haber regulador, que, ya hemos dicho antes, es muy inferior además a la base reguladora del régimen de seguridad social para salarios iguales brutos de personas con el mismo nivel de titulación (especialmente para los grupos A2, C1, C2 y E)

En resumen, si bien la noticia publicada recoge otros aspectos en los que no falta a la verdad, al menos en estos citados por nosotros, la noticia no es ni veraz ni expresa los aspectos muy negativos del sistema de clases pasivas en relación con el de Seguridad Social

Informar es no solo lanzar noticias, sino ajustarse a la verdad, reseñando las diferencias tanto positivas como negativas, y, en el caso de las pensiones públicas, es imprescindible señalarlas con absoluta precisión si no se quiere caer en demagogias fáciles que confundan aún más a las personas afectadas

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Nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Justicia: el Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica de las CCAA frente a la pandemia

Reproducimos esta nota de prensa publicada en la web del Ministerio de Justicia, si bien es del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

El Gobierno propone una modificación normativa para mejorar la seguridad jurídica de las medidas que establezcan las CC.AA. para hacer frente a la pandemia

1 de septiembre de 2020.- La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han anunciado que el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propone una modificación normativa al resto de los Grupos Parlamentarios con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de las medidas limitativas de derechos fundamentales que las distintas CC.AA. y Ayuntamientos deban tomar en sus respectivos ámbitos territoriales para hacer frente a los rebrotes de la pandemia

Consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos: 1) Atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, en lugar de los Juzgados de los Contencioso administrativo, para las medidas de carácter general. 2) Establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones. 3) Establecer un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. 4) Incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos

La iniciativa del Gobierno persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común. Asimismo, pretende dotar a CC.AA., y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio

Esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve

Enlace a la nota de prensa en la página web del Ministerio de Justicia

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CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado

CCOO denuncia la pasividad del Gobierno ante la mercantilización de servicios públicos de la Administración del Estado

El sindicato alerta de la pérdida de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos por la falta de actuaciones contra la venta de citas previas, y alerta del grave riesgo social de este modelo de Administración al servicio de quienes pueden pagar. Apunta a la falta de personal público y a la dejadez en la digitalización como elementos de deterioro

Madrid, 6 de julio de 2020

CCOO ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno ante la venta de citas previas para servicios públicos como el SEPE, Seguridad Social, AEAT o Extranjería a través de páginas web y aplicaciones para móviles. Una reventa que pone en riesgo los datos de carácter personal de quienes hacen uso de ellos, y que, sobre todo, incrementa la vulnerabilidad de las personas más desfavorecidas, que son, precisamente, las que necesitan más ayuda para el acceso a estos derechos

“La atención telemática tiene que ser un derecho, y no un medio único”, sentencia José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración General del Estado. “Esto requiere un refuerzo evidente de la atención presencial, garantizando medios suficientes tanto en personal público como de equipos informáticos y programas actualizados y eficientes. Sin estos elementos, es imposible garantizar la igualdad, objetividad y transparencia en el acceso a los derechos de la ciudadanía, y poner en práctica esa coletilla que viene usando el Gobierno de no dejar a nadie atrás”

El sindicato recuerda que el gasto en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en 2018 fue el más bajo para la Administración General del Estado en los últimos 8 años, con 1.415 millones de euros, según el Informe REINA 2019. “La distribución de estas cuantías es muy desigual, mientras que el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social dedicaba el 11,23 % de su presupuesto, Fomento se quedaba en el 0,96 %”. Entre los que presentan mayor ratio encontramos a Energía, Turismo y Agenda digital (8,96 %) y Justicia (7,87 %), situándose los otros diez ministerios por debajo del 5 %

“El primer paso para poner soluciones está al alcance del Gobierno, que solo tiene que ejecutar con celeridad las ofertas de empleo público de 2018 y 2019, incluyendo las de estabilización del empleo temporal, para empezar a resolver la falta estructural de plantilla que acumulamos”, resume Vera. “Y, como segunda medida, reconducir la política de privatizaciones hacia un modelo de gestión con personal público, para lo que cuenta con instrumentos legales que permiten la contratación para situaciones puntuales de acumulación de tareas, como la que se viene produciendo estos meses”

CCOO destaca, además, la imprescindible inversión en TIC, que pasa necesariamente por incrementar el presupuesto dedicado a estas partidas. “No deja de ser llamativo que la publicación de la puesta en marcha de la Administración Electrónica coincida con el menor gasto informático en ocho años, con dos bajadas presupuestarias, del 20 % en 2017 y del 13,78 % en 2018”, concluye Vera

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El decreto, que el Gobierno aprobará el martes, plantea multas de hasta 100 euros para quien no lleve mascarillas en lugares públicos cerrados

Varios medios de comunicación informan de la aprobación en el próximo consejo de ministros:

El decreto de la nueva normalidad mantiene las mascarillas obligatorias y exige a las comunidades prepararse ante rebrotes, pero no limita la movilidad

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias tras el estado de alarma

Así será el decreto que regulará la nueva normalidad: la mascarilla seguirá siendo obligatoria tras el estado de alarma

En los centros de trabajo, la dirección de la empresa deberá adoptar medidas de limpieza y desinfección adecuadas, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos y adaptar la ordenación de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y las condiciones de trabajo de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de entre 1,5 y 2 metros. En caso de que esto no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

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El Ministerio de Justicia anuncia la Fase 3 del Plan de Desescalada en la Administración de Justicia para la semana del 9 de junio

Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia una Nota de Prensa en la que se indica que "La Comisión, compuesta junto al Ministerio por miembros del CGPJ, Fiscalía General del Estado, CCAA y Consejo General de la Abogacía, ha acordado avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, la semana del 9 de junio, con el 100% de efectivos trabajando presencialmente en los juzgados"

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades acuerdan avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio

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Gaceta Sindical. Las medidas sociales aprobadas Gobierno recogen en parte demandas de CCOO

CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical ante las nuevas medidas socioeconómicas aprobadas por el Gobierno, el 31 de marzo, que recogen en parte las demandas de CCOO y suponen un alivio para algunos de los colectivos más vulnerables, como una parte de las personas desempleadas, las empleadas de hogar, las familias que no pueden asumir el pago del alquiler y las víctimas de violencia de género.

Medidas que también contribuirán a aliviar la situación de Pymes y autónomos.

CCOO considera que hay que seguir avanzando en la adopción de medidas, desde el marco del diálogo social, con la premisa de no dejar a nadie atrás en esta crisis generada por el coronavirus.

Gaceta Sindical. Las medidas sociales aprobadas Gobierno recogen en parte demandas de CCOO

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La crisis sanitaria aflora también las carencias del servicio público de la Administración de Justicia

• Las medidas publicadas en el BOE de 1 de abril para agilizar, tras el estado de alarma, la actividad en los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles, están abocadas al fracaso por la crónica falta de medios en la Administración de Justicia

La disposición adicional 19ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado hoy en el BOE establece que el Gobierno aprobará, en el plazo máximo de 15 días tras el estado de alarma, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

Para CCOO, los datos indican que la situación de estos juzgados antes de esta crisis, como toda la administración de justicia, presentaba un panorama desolador: decenas de juzgados atascados o al borde del colapso, atrasos de años en la resolución de los procedimientos, señalamientos de juicios para dentro de dos o tres años, etc

Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial son absolutamente explícitos:

Tipo de Juzgado	Asuntos ingresados en 2019 (media por órgano)	Carga anual de asuntos máxima por órgano estimada por el CGPJ (BOE 29/12/18)	Asuntos pendientes de resolver (media por órgano)
Juzgados de lo Social	1061,50	800	807,68
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo	598,30	570	408,88
Juzgados de lo Mercantil	1089,78	435	1063,43

Estas cifras medias implican que, en determinados juzgados, el volumen de asuntos ingresados duplica o incluso triplica los módulos de carga de trabajo y, por tanto, es imposible su atención con los medios de que se dispone. Y lo mismo con el número de asuntos pendientes de resolver que, en muchos casos, supera en dos o tres veces el número de asuntos que ingresan cada año.

CCOO calcula que alrededor de 400 juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales y de todo el territorio nacional mantienen en la actualidad retrasos inasumibles en la resolución de los asuntos y una cifra similar (400 juzgados) reciben cada año cargas de trabajo que es imposible atender.

Solo para actualizar el retraso CCOO estima que sería necesaria la contratación de 400 jueces/zas y 3.500 funcionarios/as de refuerzo del resto de los cuerpos, como así lo ha solicitado CCOO al Congreso de los Diputados y a los sucesivos gobiernos en reiteradas ocasiones.

Con este panorama, CCOO se pregunta cómo se va a acometer el plan de agilización que disponen las medidas extraordinarias acordadas en el Boletín Oficial del Estado. La experiencia reciente de las medidas adoptadas por el CGPJ para los juzgados habilitados para atender las demandas de cláusulas suelo y otras reclamaciones hipotecarias ha sido decepcionante para la ciudadanía, que sigue viendo cómo la resolución de sus reclamaciones se retrasará durante años por la falta de medios, beneficiando, eso sí, a las entidades bancarias que cobraron cantidades indebidas.

Ha quedado claro, durante esta crisis que estamos padeciendo, que la inversión en Sanidad Pública y Servicios Sociales es imprescindible para atender los derechos básicos de la ciudadanía. También otros servicios esenciales como la Educación Pública exigen mejoras sustanciales de medios materiales y personales. Pero el servicio público de la Administración de Justicia es también un pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que propugna nuestra Constitución para la defensa de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía. Y si no se dota este servicio esencial de medios suficientes, como ha venido ocurriendo durante toda la etapa democrática, las medidas de agilización que se anuncian no serán más que un brindis al sol.

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Es falso que se vaya a recortar el salario un 2% a las empleadas y empleados públicos

• Ante la noticia recogida en un medio de comunicación, el Área Pública de CCOO se ha puesto en contacto inmediatamente con el Gobierno, que ha desmentido que esté planteándose ese recorte.

Desde el Área Pública de CCOO, queremos hacer un llamamiento de tranquilidad a los más de tres millones de empleadas y empleados públicos, que tienen garantizados sus empleos, sus condiciones de trabajo y sus salarios.

Queremos igualmente agradecer al conjunto de empleadas y empleados públicos el esfuerzo que están haciendo para garantizar y velar por la salud de nuestros conciudadanos y conciudadanas, en centros sanitarios, en centros sociales, residencias de mayores, en la seguridad de nuestras calles, en definitiva, en todos los estamentos de nuestra sociedad.

Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de tener unos servicios públicos como garantía de calidad de la prestación que requiere y necesita nuestra sociedad.

Por último, denunciamos que, con noticias falsas, quieren poner en cuestión la encomiable labor de las empleadas y empleados públicos, que en muchos casos se están jugando la vida por salvaguardar las nuestras.

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Nota de prensa; situación insostenible en la Administración de Justicia

Mientras el CGPJ decide desde sus casas el personal de Justicia se ve obligado a permanecer en los centros de trabajo aunque no pueda trabajar y en edificios que no se han desinfectado.

Ante la nota de prensa de ayer y la reapertura de la Ciudad de la Justicia de Valencia, sin que la se haya producido la debida desinfección de la sede, el Sector de Justicia de CCOO PV le recuerda al CGPJ que los servicios esenciales de la Administración de Justicia se pueden cumplir escrupulosamente sin poner en riesgo la salud de los y las trabajadoras y que son las autoridades sanitarias y administrativas las encargadas de determinar las plantillas necesarias a tal efecto.

El CGPJ se arroga competencias que no tiene y pone en entredicho la profesionalidad, responsabilidad  y compromiso del personal de la Administración de Justicia

Valencia, 20 de marzo de 2020

Mientras el colectivo de Fiscales, Jueces y Letrados se han dictado su propias normas para hacer teletrabajo y evitar acudir a los Juzgados, el Consejo General del Poder Judicial emite un comunicado pegando un rapapolvo a las Comunidades Autónomas que tienden a hacer lo mismo manteniendo en situación de completa disponibilidad a una parte de Gestores, Tramitadores y Auxilios Judiciales, pero intentando evitar los contagios en los propios centros de trabajo.

Las consecuencias de este riesgo absurdo ya se ha cobrado su precio y, debido a varios positivos, el miércoles tuvo que cesar la actividad y cerrarse la Ciudad de la Justicia de Valencia y algún Juzgado de la provincia de Alicante.

Tras una supuesta desinfección del edificio hoy se ha reanudado la actividad en la Ciudad de la Justicia de Valencia, pero tras hablar con la empresa de limpieza hemos podido comprobar que tal desinfección no se ha producido, en absoluto, de forma completa en todo el edificio. En el día de hoy, con la mayor parte del edificio sin limpiar, se va mandando vaciar juzgados para proceder a esa desinfección que se supone que ya estaba garantizada.

Son estas situaciones las que está buscando el CGPJ con su actitud, pero lo que al final va a conseguir es que no haya funcionario o funcionaria sana que pueda prestar esos servicios mínimos esenciales que tanto reivindican desde el sillón de su casa.

Este sindicato ya informó ayer que los casos de contagio en nuestro colectivo triplican el porcentaje de casos que se producen en la población española en General.

Miente, además,  el CGPJ. Los servicios esenciales están perfectamente garantizados con todo el personal de los Juzgados de Guardia, incluidas las guardias de detenidos, incidencias, violencia sobre la mujer y menores y con el resto del personal. Garantizar el resto de servicios esenciales, en caso de necesidad, sería sumamente sencillo con el resto de personal en sus casas a tan sólo una llamada de presentarse rápidamente en sus puestos de trabajo para resolver cualquier asunto que surja.

  

Y vuelve a mentir el CGPJ cuando dice que los Jueces van a hacer teletrabajo. En cada Comunidad Autónoma se utiliza un programa distinto para la tramitación de los procedimientos judiciales y a dicho programa sólo se puede acceder desde los ordenadores de los Juzgados, pero es imposible que las y los Jueces puedan acceder desde sus domicilios.

Como es fácil mandar desde la poltrona el CGPJ le pega un tirón de orejas a las Comunidades Autónomas, entre ellas a la valenciana que dejan en manos de los Letrados la decisión de que su plantilla esté físicamente en el Juzgado o en disponibilidad en sus domicilios.

Suspendidos los plazos procesales y establecidos unos servicios esenciales muy concretos, la mayoría de los órganos judiciales simplemente no pueden trabajar. A pesar de eso el CGPJ se empeña en que siga habiendo presencia de personal en estos órganos, personal que no puede trabajar y al que se expone de forma absurda a un riesgo para la salud totalmente evitable.

Por este motivo CCOO le exige a la administración autonómica que no nos engañe y que ponga los medios necesarios para garantizar la seguridad de todas y todos sus trabajadores, que no juegue con nuestra salud.

También le recordamos al Ministerio de Justicia que no puede ponerse en manos del CGPJ y debe asumir sus competencias en coordinación con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, competencias que están basadas en poner a disposición de jueces y fiscales el personal y los medios materiales necesarios para cumplir su función, no los que decida el presidente del CGPJ, sino los estrictamente necesarios y, en este estado de alarma, como empresa está obligado a garantizar en lo máximo posible la salud de sus trabajadores y sus trabajadoras.

Y dado que el Ministro de Sanidad ya anunció que la competencia para determinar estos servicios mínimos quedaba encomendada, de forma exclusiva al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, desde CCOO apelamos a su responsabilidad para que haga caso al clamor del personal de justicia y de la mayoría de las CCAA con competencias transferidas, para que aparte al poder judicial de sus decisiones más allá de su competencia, recordándole nuevamente que, como Juez que ha sido, sabe de sobra que tiene la garantía de que el personal de justicia que representamos estará a la altura para que el servicio público de justicia y la tutela judicial efectiva estén garantizados para toda la ciudadanía en la parte que nos toca.

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CCOO seguirá trabajando para la consolidación y estabilización del empleo público, contra la precariedad y por la ampliación de las plantillas

• Analizamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, conocida hoy, sobre los asuntos C-103/18 y C429/18 (acumulados) sobre abuso o fraude en la contratación.

En el día de hoy hemos conocido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre abuso o fraude en la contratación en el ámbito de las administraciones públicas. En un primer análisis pasamos a extraer y detallar lo más significativo de la misma.

Antes de exponer los términos de la sentencia, una vez más queremos reiterar nuestro compromiso con la estabilidad del personal interino y temporal, siempre atendiendo a los cauces legalmente establecidos para no frustrar lo que tiene que ser el mecanismo que acabe de una vez por todas con esta situación de precariedad.

La sentencia, conocida en la mañana de hoy, no arroja diferencias sustanciales respecto de otros precedentes sobre idéntica materia. Su contenido, en esencia, es el siguiente:

• La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada, sin perjuicio de la obligación de contar con otra medida que resulte efectiva para evitar o sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos temporales.
  
• Remite a los órganos jurisdiccionales nacionales el examen tanto de la existencia de abuso, como de la medida sancionadora que, en su caso, proceda. Este pronunciamiento ya tuvo reflejo en las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de septiembre de 2018. Hay que recordar que, en la STS de 26 de septiembre de 2018, dictada en el recurso 1305/2017 -caso Castrejana López-, ya se dijo que el remedio al abuso -constatado y probado- de la temporalidad del personal funcionario interino no es la conversión en indefinido no fijo ni ninguna otra figura análoga propia de la jurisdicción social, sino el mantenimiento de la relación funcionarial. Conviene recordar que el Alto Tribunal no se pronunció sobre la procedencia o no de indemnización en el momento de la sentencia en el caso concreto, argumentando que los daños debieron invocarse en el proceso y estar ligados al producido por la situación de abuso, debiendo acreditarse el mismo.
  
  En idénticos términos se pronunció la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 1425/2018 -caso Martínez Andrés-, también de 26 de septiembre, en aplicación del art. 9.3, in fine, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
  
  Lo que resulta evidente es que, a falta de una concreta sanción aplicable en nuestro marco normativo nacional, una vez constatado el abuso constante la prestación de servicios, es preciso anudar a aquél una sanción específica, suficientemente disuasoria para la administración como empleadora, que a todas luces se orienta a una concreción económica.
  
• El hecho de que el empleado haya consentido sucesivos contratos no priva a estos de la consideración de su carácter abusivo, lo que encuentra total encaje con la construcción del Derecho del Trabajo, que se articula sobre la base de la posición de debilidad de las personas trabajadoras respecto del empleador y de ello se hace eco el TJUE al afirmar que “debido a su posición de debilidad respecto del empleador, puede ser víctima de una utilización abusiva, por parte de este, de relaciones laborales de duración determinada sucesivas” de tal modo que “aun cuando el establecimiento y la renovación de esas relaciones laborales se hayan consentido libremente, podría disuadir al trabajador de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario”.

Como conclusión, desde el Área Pública de CCOO, exigimos al Gobierno y al conjunto de administraciones públicas, responsabilidad, cumplimiento de los acuerdos, reconocimiento de toda la experiencia y profesionalidad del personal que se encuentra en esta precaria situación, absolutamente ajeno a su voluntad, así como, una vez hayamos superado el estado de alarma como consecuencia de la propagación del COVID-19, se agilicen todos los procesos selectivos, con especial atención a los de estabilización y consolidación en el empleo, que deben ajustarse a la situación de excepcional, a diferencia de las ofertas de empleo público ordinarias.

Igualmente instamos a que se pongan en marcha, de una vez por todas, las medidas disuasorias y sancionadoras para evitar el abuso o fraude en la contratación, que debe conllevar además la sanción y responsabilidad de los gestores públicos que la incumplan.

Por último, instamos igualmente al Gobierno a acometer los planes de empleo necesarios para recuperar el empleo público perdido, poner en marcha las medidas necesarias para evitar la disminución del empleo público como consecuencia de las jubilaciones por el envejecimiento de las plantillas y reforzar los servicios públicos, que se han visto, ahora más que nunca, imprescindible para garantizar los derechos a la ciudadanía.

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CCOO considera que no hay impedimentos para cobrar la subida salarial el 1 de enero

• CCOO exige al Gobierno que busque las soluciones jurídicas para cumplir los acuerdos con el personal público en cuanto las Cortes estén constituidas.

El Área Pública de CCOO se ha entrevistado hoy con el ministro en funciones de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, para darle traslado en persona de las reivindicaciones y propuestas que a lo largo de varios meses han venido manifestando al Gobierno.

El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez ha provocado una importante parálisis que afecta a la totalidad de las políticas del país, con una manifestación más aguda en los asuntos laborales y sociales que venimos padeciendo las empleadas y empleados públicos, sobre los que se ha descargado una parte considerable de las políticas austericidas de los pasados gobiernos.

CCOO le ha trasladado al Gobierno en varias cartas la necesidad imperiosa de concretar acuerdos para el cumplimiento de lo firmado en el II Acuerdo para la mejora del empleo público, con especial atención a los incrementos salariales para el año 2020, la correcta ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP), y la aplicación y desarrollo de las políticas de igualdad en las Administraciones Públicas con la dinamización de los correspondientes planes de igualdad.

La inestabilidad política existente en España desde hace demasiados años y las diferentes crisis institucionales, no pueden gravar de forma onerosa la necesaria modernización de las Administraciones Públicas, no pueden ser una coartada para el deterioro de los servicios públicos y no pueden ser el motivo que vuelva a deteriorar la negociación colectiva para un colectivo de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores, precarizando el empleo en las diferentes administraciones.

La voluntad manifestada públicamente por CCOO de mantener la presión sobre el Gobierno para exigir el cumplimiento de los acuerdos y su desarrollo, tiene como primera expresión esta reunión, que más allá del acto protocolario, que llega con demasiado retraso y en plena precampaña electoral, supone un reconocimiento al esfuerzo que vienen desplegando nuestras compañeras y compañeros en los centros de trabajo y Administraciones, pues sin ellos y su manifiesta capacidad para movilizarse no se habría producido el encuentro.

El Gobierno se compromete, una vez formado el próximo Ejecutivo, a cumplir los términos de lo pactado. Siendo un paso importante el reconocimiento de hoy, para CCOO el compromiso de buenas intenciones tiene que estar calendarizado y sometido a los pasos legislativos oportunos, como es la ejecución de una norma legislativa que establezca en lo inmediato los incrementos salariales para 2020, con la plena información y puesta en conocimiento de las organizaciones sindicales firmantes del II Acuerdo.

Además, debe reforzarse el plan de seguimiento y cumplimiento de las medidas de empleo necesarias para la estabilización de las plantillas del personal interino y temporal, hasta alcanzar la cifra de reducción contemplada en el II Acuerdo, bajándola del 24% hasta el 8%, lo que actualmente ha experimentado un incremento de 4 puntos con respecto al momento de la firma en 2018, según las estimaciones recientes de la EPA, lo que supone un serio revés y además debe establecerse un plan concreto de despliegue de la negociación de las medidas y planes de igualdad.

Estas iniciativas exigen de la inmediata convocatoria de la Comisión de seguimiento del II Acuerdo, con la presencia activa del Gobierno, sin mayores demoras.

Estimamos que existe el suficiente consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias como para poder llevar a efecto estas medidas, lo que no sufrirá modificaciones en las próximas semanas, a la luz de lo que están adelantando todas las encuestas electorales.

Ha habido meses para cerrar estos aspectos, desaprovechados incluso para poder acometer algunas iniciativas que hemos venido apuntando como elementos para un nuevo Acuerdo que incluyera el desarrollo y actualización del EBEP en materia de empleo, cualificación y carrera profesional, entre otros. Como se nos ha repetido en varias ocasiones por la actual Administración, era una herencia del gobierno Rajoy con la que no se sentían plenamente identificados.

No solo no se ha evidenciado o puesto de manifiesto cuáles son las propuestas del gobierno Sánchez con respecto a las empleadas y empleados públicos, sino que se ha paralizado el desarrollo de lo acordado y colocado en el terreno de la incertidumbre los incrementos salariales para 2020.

CCOOO celebra que se rompa el silencio gubernamental y las trabajadoras y trabajadores públicos entremos en la agenda de Pedro Sánchez, aunque sea para tener el protagonismo de unos segundos en los medios de comunicación, pero queremos advertir que ello no nos contenta, no nos satisface y que la recuperación de todos los derechos arrebatados por las políticas austericidas emprendidas por los gobiernos pasados, es para el sindicato una guía y nos señala el camino de la movilización y la negociación.

Propuestas del Área Pública de CCOO ante las próximas elecciones generales

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CCOO señala la irresponsabilidad de llevar a la ciudadanía a la repetición de las elecciones

• Unai Sordo: “Es una oportunidad perdida de manera irresponsable”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de “oportunidad perdida” el fracaso de las conversaciones para conseguir la investidura de un gobierno progresista y estable. Sordo ha lamentado la situación que nos aboca, de manera “irresponsable”, a una disolución del Parlamento y a una convocatoria de nuevas elecciones, una vez que el jefe del Estado ni siquiera propondrá candidato a la sesión de investidura en el Congreso.

Desde CCOO hemos mantenido durante muchas semanas una posición muy clara respecto a las negociaciones para conseguir la investidura parlamentaria de un gobierno estable que hiciera posible un programa decididamente progresista. “Nos parecía -y aún nos sigue pareciendo- que la mayoría social, las y los trabajadores en España, no entenderían de ningún modo el irresponsable empantanamiento de las negociaciones políticas alrededor de la formación de ese necesario gobierno”, dice Unai Sordo. “Pero ha sido muy parecido a clamar en el desierto”.

Y lo cierto, es que a juicio del sindicato el país necesita un gobierno ya. No son pocos los retos interiores y exteriores a los que nos enfrentamos, que hacen de la necesidad de una legislatura productiva una verdadera urgencia: desaceleración económica, la derogación de la reforma laboral, formación profesional, la digitalización de la economía, las políticas industriales y la transición ecológica, la financiación suficiente y estable del sistema público de pensiones y la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores son asuntos a abordar cuanto antes. También el posible escenario de un ‘Brexit’ no negociado, el conflicto arancelario o la escalada de los precios del petróleo, a nivel internacional.

El sindicato advertía ayer –pero lo seguimos haciendo hoy- que fiar el destino de un gobierno posible desde la izquierda a las encuestas era jugar a la ruleta rusa. “Volveremos a las urnas. Hay que evitar un aumento de la distancia entre la ciudadanía y la política, fuente primera de la democracia. El acuerdo es necesario y posible”, ha zanjado Unai Sordo.

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La ministra de Hacienda anuncia por fin el incremento adicional del 0.25 % de los salarios de las y los empleados públicos, tal y como llevaba exigiendo CCOO desde hace semanas

• La ministra en funciones Montero adelanta que Hacienda incluirá el 0,25% adicional a funcionarios en la nómina de julio

CCOO LLEVABA EXIGIENDO SEMANAS QUE EL GOBIERNO ANUNCIARA DE UNA VEZ ESTE INCREMENTO SALARIAL PARA TODOS LOS Y LAS EMPLEADAS PÚBLICAS, QUE FUE PACTADO POR EL GOBIERNO ANTERIOR CON CCOO Y OTROS DOS SINDICATOS EN LA MESA GENERAL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, con incrementos salariales por encima del IPC

Se alcanza por fin lo pactado en la Mesa General para 2019: el incremento salarial directo para todas las y los empleados públicos en 2019 será del 2,50% sobre el salario de 31 de diciembre de 2018, acuerdo firmado exclusivamente con CCOO, UGT y CSIF
Y esta aumento de los salarios de todos los trabajadores/as públicos debe incrementarse, tal y como exige CCOO, con las cantidades pactadas en el mismo acuerdo de reparto de fondos adicionales, que el Ministerio de Justicia aún no ha llevado a cabo, y sí en cambio lo ha hecho para Jueces y Fiscales.

CCOO exige que de una vez el Ministerio de Justicia acuerde en mesa sectorial el reparto de los fondos adicionales, que llevamos exigiendo sirvieran para eliminar las diferencias salariales por estar destinado en una localidad u otra (grupos de población), y que mientras el Ministerio de Justicia si llevó a cabo esta propuesta para Jueces y Fiscales (reduciendo las diferencias por los grupos en estas carreras judicial y fiscal), no lo ha permitido para los cuerpos generales y especiales.

Este es el anuncio realizado hoy por la ministra de Hacienda en funciones: (Fuente: www.elpais.com)

Los empleados de las Administraciones Públicas cobrarán en la nómina de julio la parte variable de la subida salarial pactada entre los sindicatos y el anterior Ejecutivo del PP. Se trata de un 0,25% adicional a la subida del 2,25% que ya disfrutan desde enero. Así lo adelantó este martes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, durante una visita a la delegación de la Agencia Tributaria de Guzmán el Bueno, la sede más grande del fisco en Madrid, para comentar el desarrollo de la campaña de la renta. “Creemos que para la nómina de julio ya se podrá abonar. Espero que no haya ningún inconveniente”, deslizó la ministra.

Esta subida salarial estaba prevista en el acuerdo para la mejora del empleo público suscrito en marzo del año pasado por el Ejecutivo de Rajoy y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, por el que el sueldo de los funcionarios subiría cerca de un 8% entre 2018 y 2021. En el acuerdo se pactó una parte de incremento anual fija y otra variable. Para 2019, se preveía un alza fija del 2,25% más otra variable del 0,25% condicionada a la evolución del PIB. La economía española creció el año pasado un 2,6%, según constató el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra es superior al 2,5% fijado como baremo para activar el complemento variable.

Los sindicatos llevan semanas reclamando al Ejecutivo que haga efectiva la subida, que se aplicará con carácter retroactivo desde julio al conjunto de los empleados públicos de todas las administraciones. Los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF) calculan que este aumento salarial supondrá un coste de unos 280 millones de euros para las arcas públicas de todas las administraciones.

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Nota de Prensa de CCOO: Acuerdo entre sindicatos y el Ministerio de Justicia para la convocatoria del proceso selectivo de personal funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia

• Por el sistema de concurso-oposición se convocarán en breve las 5.942 plazas del turno libre aprobadas por el Gobierno en las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018.

Madrid, 7 de junio de 2019

Se finalizará así la primera fase de estabilización del empleo público en la Administración de Justicia que se completará con una nueva convocatoria, derivada de la OEP de 2019, hasta reducir al 6% el índice de empleo temporal e interino que, en la actualidad, supera el 25%. Todo ello fruto de los acuerdos de 2017 y 2018 conseguidos por el Área Pública de CCOO con el Gobierno.

La convocatoria se efectuará de forma descentralizada. Por una parte, en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia (incluyen en una sola convocatoria a Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Y por otra, el resto de comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas, aunque las pruebas de acceso y las fechas de los exámenes serán las mismas en todos los territorios. Cataluña y el territorio no transferido (especialmente Baleares), por el alto índice de interinidad existente, serán las que oferten un mayor número de plazas, con más de 1.500 cada una.

El sistema de acceso exigirá a las personas aspirantes la superación de una fase de oposición compuesta de varios ejercicios eliminatorios y que supondrá un máximo del 60% de la puntuación máxima posible; quienes superen la oposición pasarán a una fase de concurso que podrá suponer el 40% restante de esa puntuación máxima. En esta fase de concurso se valorará la experiencia previa como personal interino, las titulaciones académicas distintas de las exigidas para el acceso, los cursos de formación de contenido jurídico, informático, de igualdad o salud laboral y la superación de exámenes de anteriores convocatorias, siendo la experiencia previa, con un 50% del total de los méritos valorables, la que tendrá mayor preponderancia en esta fase de concurso.

Las convocatoria de las pruebas selectivas comenzarán a publicarse en el BOE y boletines oficiales de las CCAA con competencias transferidas a partir del próximo mes de julio y el comienzo de dichas pruebas está previsto para el mes de octubre de este mismo año. Con ello, se prevé que el nuevo personal funcionario de carrera pueda tomar posesión de sus puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020.

Estas pruebas afectan a los cuerpos funcionariales de Gestión Procesal y Administrativa, del grupo de titulación A2 para diplomaturas universitarias, grados y licenciaturas, Tramitación Procesal y Administrativa, del grupo de titulación C1 para Bachillerato y de Auxilio Judicial, del grupo de titulación C2 para Enseñanza Secundaria Obligatoria, que son los que desempeñan su labor en todos los órganos judiciales y fiscales del Estado.

La negociación de este acuerdo alcanzado ayer en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia se ha prolongado durante un año, con las dificultades que entraña el legítimo derecho del personal interino para que su experiencia previa le fuese valorada como un mérito de la máxima importancia, conjugado con los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución Española exige para el acceso a la función pública y que, también legítimamente, han reclamado las personas aspirantes que no han tenido ocasión de adquirir esta experiencia previa como personal interino.

CCOO valora muy positivamente el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia que de forma absolutamente equilibrada establece un sistema de acceso que respeta los principios constitucionales de acceso a la función pública, que ya han sido interpretados en estos términos por el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias.

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CCOO defiende las subidas salariales conseguidas para las empleadas y empleados públicos

LA SUBIDA SALARIAL DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS CONSEGUIDA POR CCOO ES FRUTO DE UN ACUERDO QUE HAY QUE CUMPLIR

CCOO critica el enfoque de algunas noticias publicadas en varios medios de comunicación, en las que se “culpabiliza” a las y los trabajadores del aumento del gasto público.

CCOO rechaza lo que consideramos que es una nueva campaña de criminalización del gasto en salarios públicos, una vez más puesta en marcha por poderes económicos, políticos y algunos medios beligerantes con la recuperación de lo arrebatado a lo largo de la crisis. Las empleadas y empleados públicos ya hemos contribuido sobradamente en la contención del gasto público con nuestros sueldos, recortados, y con una reducción de miles de puestos de trabajo.

Para CCOO, nos encontramos ante un intento de distorsionar la naturaleza de los acuerdos de mejoras retributivas, devolución de derechos laborales y estabilización del empleo público, volviendo a la vieja táctica de mostrar a las personas que trabajan en las Administraciones y empresas públicas como las causantes de todos los males del país, que conducen a un desenfrenado incremento del déficit. Mientras, estos mismos sujetos han permanecido callados y comprensivos ante los expolios que se han producido en los servicios públicos, a manos de mafias ultraliberales, que han privado a la ciudadanía de sus derechos y de las atenciones exigibles.

CCOO defiende que las empleadas y empleados públicos han sido el dique de contención en el mantenimiento de los servicios públicos, a pesar de los recortes en los salarios, el empleo, la ampliación de la jornada y demás retrocesos en condiciones de trabajo, impuestos por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy. Servicios públicos que, aun debilitados, se han mantenido gracias a la entrega y profesionalidad de estos trabajadores en los servicios más sensibles como la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la justicia, el medioambiente o la seguridad, entre otros

La subida salarial y la recuperación de derechos es una conquista de CCOO como primer sindicato de las Administraciones Públicas plasmada en los Acuerdos suscritos en 2017 y 2018 con el Gobierno del PP y asumidos por el Gobierno de Sánchez. Estos acuerdos son el comienzo de la recuperación de lo arrebatado a más de tres millones de trabajadoras y trabajadores del sector público. Y no solo no vamos a permitir que se ponga nuevamente en peligro, sino que vamos a seguir hasta recuperarlo todo.

Estas noticias, junto a las declaraciones del gobernador del Banco de España, van como siempre a proteger los intereses del capital frente al interés general. Clara política neoliberal, que piensa en unos pocos e intenta culpabilizar a la ciudadanía de los males que ellos, y sólo ellos, han generado.

CCOO va a defender los acuerdos firmados, va a seguir exigiendo la recuperación de los derechos de las empleadas y empleados públicos y no va a consentir más agresiones y más privatizaciones. El déficit público viene como consecuencia, entre otros factores, del expolio sufrido en las Administraciones Públicas y de malas prácticas llevadas a cabo por determinadas políticas liberales. Gobernando desde políticas progresistas se puede reducir el déficit público sin reducir el gasto público ni recortar derechos de ciudadanía. Al contrario, incluso se pueden mejorar.

Una sociedad es justa si hay igualdad de oportunidades y esto sólo es posible garantizando unos servicios públicos de calidad. Así se construye una sociedad democrática y un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho como propugna la Constitución.

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