El pasado día 8 de enero, los
sindicatos Csif, Staj, Ugt y Cig se
ratificaron en el pacto alcanzado con el Ministerio de Justicia el pasado de
mes de Julio y firmaron el Acuerdo por el que
entendemos que renuncian definitivamente a las movilizaciones en la
negociación de las Oficinas Judiciales derivadas de la Ley de
Eficiencia, de las nuevas RPTs, del proceso de acoplamiento,
del mantenimiento o mejora de las retribuciones, del mantenimiento
de la movilidad voluntaria, de la recuperación del 50% de plazas de
la OEP para la promoción interna, del desarrollo del teletrabajo,
de la carrera profesional, de la revisión de los grupos de
población y del Reglamento y RPTs de los Registros Civiles.
En
el texto del Acuerdo que estos sindicatos han firmado esta semana con el
Ministerio de Justicia, vuelve a recogerse que estas “organizaciones
sindicales se comprometen a garantizar la paz social (…) durante la negociación
de los puntos que formen parte de este acuerdo”.
De esta forma, con el compromiso de paz social por parte de estos sindicatos, las
administraciones tienen vía libre para imponer sus propios
criterios en estos procesos de
negociación, que deberán comenzar en breve.
Así, cumpliendo el acuerdo firmado por
estos sindicatos y no por CCOO, podrán decidir, a su antojo, si
establecen, o no, áreas y equipos que puedan ser elegidos como centros de
destino en los Servicios Comunes de las nuevas oficinas judiciales. Sólo tendrán
la obligación de crear áreas diferenciadas en los Servicios Comunes de
Tramitación de las localidades de A Coruña, Alicante, Granada, Las Palmas, Murcia, Valladolid y Vigo (1 área); Bilbao, Palma de Mallorca y
Zaragoza (2 áreas); Málaga y Valencia (4
áreas); Sevilla (5 áreas), y Barcelona y Madrid (7 áreas), que son las que
tienen 12 o más jueces o juezas de una misma jurisdicción o especialidad (ninguna en Castellón).
Ni
en el resto de servicios comunes de estas poblaciones ni en las 415 poblaciones
restantes, cabeceras de partido judicial, hay ninguna obligación para las
administraciones de diferenciar por áreas ni equipos los servicios comunes, lo
que restringiría gravemente las posibilidades de movilidad voluntaria
dentro de una misma localidad.
También
podrán reducir el número de puestos de trabajo que en la actualidad tienen
retribuciones complementarias superiores a las de los puestos genéricos o que
realizan (y cobran) guardias y aplicar los complementos específicos
que consideren oportunos, tanto a los puestos genéricos como a los
singularizados, porque si desaparecen puestos de guardia, por ejemplo, perdemos
la posibilidad de mejorar nuestras retribuciones accediendo a ellos.
En
las nuevas RPTs, y sin incumplir este acuerdo, podrán encomendarse
tareas de cualquier jurisdicción o especialidad a cualquier trabajador o
trabajadora, además de las que tenga encomendadas en su puesto de
trabajo, sin ninguna obligación de compensar retributivamente esta forma
evidente de movilidad funcional forzosa.
Pero,
además de los anteriores, existen otros muchos puntos incluidos en el Acuerdo
firmado, que entendemos no cubre, en absoluto nuestras expectativas:
Carrera
Profesional:
Desde el Acuerdo firmado en 2021, por estos mismos sindicatos, tienen un Grupo
de Trabajo con el Ministerio en el que se supone que estaban negociando la
Carrera y donde, en todos estos años NO HAN CONSEGUIDO NADA!! Perdonad si no
nos fiamos de de un compromiso igual, en el que no se fija ninguna fecha de
finalización.
Teletrabajo: Menos mal que en
la Comunidad Valenciana nunca ha dejado de haber teletrabajo a pesar de que el
Ministerio lo eliminara en 2023.
Pues, igualmente que hasta ahora, la negociación del
teletrabajo será autonómica y así figura en el Acuerdo de Legislatura que, promovido por CCOO, se
firmó entre la Consellera y todos los sindicatos en diciembre de 2023 y se ratificó, nuevamente, en julio de 2024.
Eliminación
de los Grupos de Población: ya sabéis que CCOO llevamos años luchando
para que se cobre lo mismo en una partido judicial servido por magistrad@s que
en uno servido por Jueces/zas o que en un Juzgado de Paz. Pues en el Acuerdo el
Ministerio sólo se compromete a “iniciar un diálogo”. Ni siquiera a negociarlo,
sólo a iniciar un diálogo.
Promoción Interna: Por mucho que los sindicatos firmantes presuman de que se vuelve a tener
el 50% de las plazas, no es cierto, es una manipulación de la verdad.
Tras años en los que la pretensión siempre ha sido
volver a lo que nos robaron con la modificación de la LOPJ en 2015, el 50% del
total de las, el Acuerdo sólo establece un número de plazas equivalente al
50% de las plazas que se convoquen para el turno libre.
Y como dicho así
puede que no quede claro, vamos a poner un ejemplo con números:
Hasta el 2015, cuando de verdad eran para
promoción interna el 50% de las plazas totales que se convocaban, para
que hubiera 600 plazas de promoción interna bastaba con convocar un total de 1200
plazas. 50% de 1200= 600.
Entre 2015 y 2025, ya con el recorte y sólo la
reserva del 30% de las plazas que se convoquen para el turno libre,
para que haya 600 plazas para promoción interna es necesario que se convoquen 2600
plazas, de las que 2000 serían para el turno libre y 600 para la promoción
interna. Realmente, las 600 plazas de promoción interna sólo suponen un 23 %
del total de las convocadas.
A partir de ahora se reservarán para promoción
interna el 50% de las plazas que se convoquen para el turno libre, no
del total de plazas, por lo que hará falta que se convoquen 1800 plazas para
que correspondan 600 para promoción. 1200 para el turno libre, más 600
para promoción interna.
Qué porcentaje
real suponen, entonces, las plazas de promoción interna sobre el total de las
plazas? Si haces una regla de tres simple, verás que sólo supone un 33% real de total de las plazas, muy lejos
del 50% tan cacareado.
