Después
de dos meses de espera, este lunes hemos vuelto a sentarnos en una nueva y, una vez más, decepcionante reunión de la Mesa de trabajo
sobre carrera profesional con el Ministerio de Justicia.
Nos
gustaría poder decir que avanzamos, que esto va “viento en popa, a toda vela”.
Pero la realidad es bien distinta: no solo no
avanzamos, sino que seguimos prácticamente en el mismo punto de partida.
Nada
de dinero.
Nada sobre desde cuándo se cobraría. Y conviene recordarlo: desde
CCOO propusimos que la carrera profesional tuviera efectos retroactivos desde
el 1 de enero de 2025. No era un capricho, sino una forma de evitar que
la negociación se eternizara. Hoy vemos que, sin esa retroactividad, la negociación
se alarga indefinidamente, mientras el Ministerio insiste, reunión tras
reunión, en que “ya estamos acabando”.
Tampoco
sabemos cómo será el encuadramiento
inicial. El propio Ministerio llegó a afirmar que todo el personal partiría
del primer grado, el más bajo, lo que supondría la imposibilidad de que la
gente con más antigüedad consiguiera llegar a cobrar lo que realmente le
correspondería.
En
esta última reunión, además, se nos trasladó un borrador sobre evaluación del desempeño. Un documento
plagado de valoraciones subjetivas que no
garantiza, en absoluto, la imparcialidad. Y no estamos hablando de algo
menor: de esa evaluación dependerá que cobremos, o no, la carrera profesional
cada mes.
Desde
CCOO hemos vuelto a defender lo que siempre hemos sostenido: que la carrera profesional debe basarse
exclusivamente en criterios objetivos, como el tiempo trabajado y la
formación. Frente al modelo del Ministerio, hemos planteado una alternativa más justa y garantista: una
autoevaluación por parte de cada trabajador o trabajadora, con validación en
plazo por la persona responsable; en caso de silencio, aprobación automática;
y, en caso de discrepancia, un procedimiento motivado con posibilidad de
alegaciones y revisión final en una comisión paritaria entre Administración y
sindicatos.
Porque
sí, hay otra forma de hacer las cosas. Y
es más justa.
Si
estos son los escasos avances en carrera profesional, aún más preocupante es la
situación del teletrabajo: ni está ni se
le espera. No hay calendario, no hay compromiso y no hay voluntad real de
implantarlo, pese a las recomendaciones de Europa y del propio Gobierno de
España.
En
cuanto a la supuesta eliminación de los
grupos de población, que algunas organizaciones firmantes del acuerdo han
querido vender como un gran logro, la realidad vuelve a ser mucho más modesta: desaparece únicamente el grupo más bajo,
el de los antiguos Juzgados de Paz, vamos el que afecta a menos cantidad de
personal. Pero se mantienen las diferencias retributivas. Se seguirá cobrando
menos por hacer el mismo trabajo, en función del tamaño de la población. Antes
había cuatro grupos; ahora habrá tres. El problema de fondo sigue intacto.
Y
aquí es donde debemos hacernos una pregunta clave.
En 2003, con la implantación de la Nueva Oficina
Judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los cuerpos
generales subimos de cuerpo, al cuerpo superior retribuciones incluidad,
tuviéramos o no la titulación exigida. Se mejoraron nuestras condiciones
retributivas sin contrapartidas.
En 2016-2017, en la negociación de las RPT de la NOJ en
la Comunidad Valenciana, conseguimos una subida —modesta, sí— del complemento
específico. Pero, sobre todo, logramos el acuerdo de carrera profesional, que
hoy supera los 400 euros en algunos cuerpos. ¿A cambio de qué? Prácticamente de
nada: alguna formación que, en la práctica, ni siquiera ha supuesto una carga
real.
Y
ahora la pregunta es inevitable:
¿qué estamos consiguiendo a cambio de la
implantación de los Tribunales de Instancia?
La respuesta es
clara: nada.
No
hemos conseguido absolutamente nada.
Quienes
firmaron el acuerdo (Csif, Staj y Ugt) hablaron de compromisos. Pero más de año
y medio después, con la implantación prácticamente completa, no hay derechos garantizados, no hay
mejoras retributivas, no hay carrera profesional definida y no hay teletrabajo.
Y
lo que es peor: todo apunta a que la futura carrera profesional será peor que
la que ya tenemos en la Comunidad Valenciana, suponiendo un retroceso y una
penalización para nuestras condiciones laborales.
Hemos asistido, sin movilización, sin presión, sin
conflicto, a la entrega de nuestros derechos a coste cero. Como si esto
fuera un avance. Como si no estuviéramos viendo, día a día, cómo se deterioran
nuestras condiciones.
Desde
CCOO del País Valenciano lo decimos alto y claro: no vamos a aceptar este
modelo. No vamos a avalar retrocesos. Y no vamos a dejar de señalar lo
evidente.
Porque
la Administración de Justicia no funciona sin sus trabajadoras y trabajadores
y, quienes la sostienen merecen derechos, no promesas.
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